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Jueza Inés Galarza asume caso merienda escolar y habrá nuevo intento de elevar a juicio a Friedmann

Este artículo tiene 4 años de antigüedad
Horacio Cartes y Rodolfo Friedmann, quienes recientemente se abrazaron pese a que anteriormente era "enemigos". El caso de Friedmann registra constantes trabas procesales que impiden que se analice si se eleva o no a juicio la causa.
Horacio Cartes y Rodolfo Friedmann, quienes recientemente se abrazaron pese a que anteriormente era "enemigos". El caso de Friedmann registra constantes trabas procesales que impiden que se analice si se eleva o no a juicio la causa.Gentileza

Luego de que se apartaran los jueces penales de Garantías, José Agustín Delmás y Humberto Otazú por caudales de inhibición con los abogados defensores de los acusado, la magistrada Inés Galarza deberá atender la causa contra el senador Rodolfo Friedmann (ANR, oficialista) y otros acusado por presunta asociación criminal y otros delitos vinculados al caso de presunto desvíos de fondos de la Gobernación de Guairá, que debían ser destinados a la merienda escolar.

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El senador Rodolfo Friedmann, que está investigado junto a su esposa, Marly Figueredo y otras personas por lavado de dinero, administración en provecho propio, cohecho pasivo agravado y asociación criminal, en una investigación sobre su gestión cuando era gobernador de Guairá, podría finalmente ir a juicio, si así lo determina en una audiencia preliminar la nueva jueza del caso.

El juez Humberto Otazú tiene causal de inhibición con el abogado Juan Claudio Gaona, y José Agustín Delmás con el abogado Andrés Casati. Ambos profesionales son defensores del acusado Álvaro Alfaro, primo del senador colorado.

Delmás ya se había apartado por el mismo motivo de las otras causas donde también interviene Casati, como ser el caso de los insumos chinos en donde están procesados los directivos de la empresa Insumos Médicos S.A. (Imedic) y más reciente el caso del Gobernador de Central, Hugo Javier González, investigado por asociación criminal y otros delitos vinculados al manejo presuntamente irregular de US$ 1 millón de fondos de reactivación económica tras la pandemia de covid-19.

El proceso contra el legislador viene sorteando a duras penas una serie de chicanas que impiden el avance del proceso. Específicamente desde el 28 de junio, cuando el fiscal Osmar Legal presentó la acusación contra el gobernador y los responsables de la empresa Eventos y Servicios S.A (ESSA).

Entre los procesados también se encuentra Silvio Alfaro, acusado por el hecho punible de administración en provecho propio y lavado de dinero en calidad de cómplice, y asociación criminal en calidad de autor.

También Lourdes María Auxiliadora González de Melgarejo, contadora de ESSA SA, acusada por administración en provecho propio y lavado de dinero en calidad de cómplice y por asociación criminal en calidad de autora, mientras que Marly Figueredo está sospechada de lavado de dinero en calidad de autora.

Los fondos que se estiman fueron desviados debían ser utilizados para la provisión de merienda escolar para alumnos de instituciones educativas del departamento.

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