Obras “fantasmas”, facturas clonadas y pagos irregulares

Obras “fantasmas”, facturas clonadas, desembolsos irregulares de fondos públicos y otras múltiples anomalías son las causales del pedido de intervención de la Gobernación de Central, a cargo del colorado cartista Hugo Javier González. El perjuicio global contra la institución departamental orilla los G. 24.727 millones. El exanimador de fiestas fue imputado por la Fiscalía el 1 de noviembre por lesión de confianza, asociación criminal y otros.

Infografía ABC
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La mayoría de la Junta Departamental de Central aprobó el 8 de noviembre último el pedido de intervención de la administración del actual gobernador y exanimador de bailes, Hugo Javier González (ANR, cartista). La solicitud fue remitida al Ministerio del Interior el 12 de noviembre pasado y se espera que mañana pueda ingresar a la Cámara de Diputados, cuyos miembros deberán analizar la documentación en un plazo de 15 días.

El pedido de los ediles departamentales está fundamentado en el acta de imputación del Ministerio Público por lesión de confianza, asociación y otros presuntos hechos punibles contra el jefe departamental y otras 15 personas. Esto, con referencia al uso de los G. 6.382 millones (US$ 1.000.000) transferidos por el Gobierno Central a la institución departamental para la reactivación de la economía en el marco de la pandemia del covid-19.

El principal punto mencionado en la imputación fiscal gira en torno al desembolso de G. 5.105 millones al Centro Integral de Apoyo Profesional (CIAP), oenegé presidida por Tadeo Álvarez. La jefatura departamental firmó el convenio con la entidad sin fines de lucro pese al incumplimiento de legislaciones vigentes.

Además, el gobernador avaló rendiciones de cuentas de la oenegé con comprobantes clonados, desembolsó los fondos públicos sin recibir previamente las justificaciones y pagó por presuntas obras “fantasmas”.

Sobre este último punto, la sospecha del Ministerio Público es que las obras ya estaban y solo se adecuó la documentación para la presentación de la rendición de cuentas. Es por ello que tampoco se descarta el pago doble por los trabajos, según el acta de imputación.

La solicitud de los concejales también está basada en el informe final de la Contraloría General de la República (CGR) sobre transferencias a entidades sin fines de lucro durante el año 2019. En ese ejercicio fiscal fueron repartidos más de G. 18.345 millones, según los documentos.

Existen seis observaciones específicas en el informe final y en las cuales se detalla anomalías sobre las transferencias a las entidades sin fines de lucro. Entre las falencias están la falta de rendición de los fondos y desembolsos irregulares.

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