Gobernación de Central: concejal asegura que defensor de Hugo Javier solo quiere “confundir y marear para dilatar el proceso”

Bernardo Villalba tiene antecedentes de vínculos con el narcotraficante Carlos “Capilo” Caballero, miembro del grupo criminal brasileño Primer Comando Capital. El abogado es un “senador en espera” que tiene pendiente jurar como legislador luego de que la Cámara Alta acepte la nominación del senador Enrique Riera (ANR) para el cargo de embajador paraguayo ante la Organización de los Estados Americanos.

Villalba asumió la defensa del gobernador Hugo Javier González a pedido de su colega Fausto Portillo, asesor y abogado del administrador departamental.

Una comisión especial conformada por 13 diputados estudia el pedido de intervención planteado por la Junta Departamental y aceptado por el Poder Ejecutivo. El abogado instó a los legisladores a visitar las zonas de obras de la Gobernación para constatar que no hay “obras fantasma” ni sobrefacturaciones.

Villalba no está de acuerdo con las conjeturas del Ministerio Público que desembocaron en la imputación de su cliente, e ignoró las numerosas anomalías confirmadas con pruebas documentales por la Subsecretaría de Estado de Tributación, la Secretaría Nacional Anticorrupción, la Auditoría General del Poder Ejecutivo y la Contraloría General de la República.

Desafiante, el defensor del gobernador González dijo: “No le tenemos miedo a la verdad, no tenemos miedo a la justicia”.

Hugo Javier González, perteneciente al movimiento Honor Colorado del expresidente Horacio Cartes, fue imputado junto con otras 14 personas por el aparente despilfarro de G. 6.382 millones (US$ 1.000.000) de un fondo de emergencia sanitaria por covid-19 que el Poder Ejecutivo otorgó a la Gobernación de Central para contrarrestar los efectos de la pandemia.

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“Se trata de confundir y marear para dilatar el proceso”

Ante las declaraciones de Bernardo Villalba, el concejal departamental Adrián Billy Vaesken (PLRA), uno de los denunciantes de la clonación de facturas que figura en la rendición de cuentas del fondo de emergencia sanitario, afirmó que “simplemente se trata de confundir y marear para dilatar el proceso”. Agregó que el pedido de la defensa del gobernador “es traído de los pelos”.

“La comisión creada en la Cámara de Diputados tiene la competencia de evaluar los indicios de supuestos hechos punibles cometidos en la administración del cartista Hugo Javier González, certificados en este caso por los organismos extrapoderes como la CGR, Auditoría del Poder Ejecutivo, Secretaría Anticorrupción y el Ministerio Público, mediante sus informes finales de las auditorías practicadas a la administración de Central, como así también la apertura de una causa penal por parte de la fiscalía”, sostuvo el concejal Vaesken.

Agregó que por esta razón “no puede atribuirse competencias que no le corresponden como la persecución penal o la búsqueda de la verdad, como piensa y dice este señor”.

“Precisamente se da paso a una intervención para que dicho interventor tome las riendas de la administración de Central, desplazando por 90 días a su titular, para que escudriñe y busque la verdad, la comisión de intervención de la Cámara de Diputados no puede atribuirse competencias que no le corresponden”, explicó Vaesken.

Agregó que tampoco los denunciantes, los concejales Vaesken y Roque Ávalos (PLRA), tienen la facultad de “calificar una obra como fantasma o afirmar con fuerza de ley que una obra fue pagada dos veces”.

“Por ello como legislador departamental responsable y objetivo, siempre hablamos de supuestos, dejando a cargo de los que tengan competencia la afirmación o negación del hecho. La competencia de decir la verdad solo la tiene el Poder Judicial. Lo único que trata de hacer este letrado profesional del derecho es ganar tiempo de forma a dilatar el proceso, seguramente para que el titular de la Gobernación pueda arreglar, maquillar o blanquear su administración”, remató el concejal liberal.

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