Sindicalistas de Itaipú, con sobreseimiento definitivo

Los cinco sindicalistas de la entidad binacional Itaipú procesados por supuesta amenaza de “paralizar la hidroeléctrica” para evitar los descuentos dispuestos por el Gobierno nacional en medio de la pandemia del coronavirus, han sido desvinculados del proceso. Todos fueron beneficiados con sobreseimiento definitivo por disposición del juez penal de garantías Yoan Paul López

Yoan Paul López, juez Penal de Garantías. Debe responder a la defensa de Cuevas si recuperará o no su banca de diputado.
Yoan Paul López, juez Penal de Garantías.Archivo, ABC Color

La resolución de sobreseimiento definitivo beneficia a Miguel Conrado Testti Pera, Luis Riveros, Elías Sócrates Vargas Velázquez, Javier Villalba Alcaraz y Luis Enrique Cadogan Piraggini, representantes de distintos gremios de la entidad binacional.

Estas personas fueron imputadas por los fiscales Silvia Cabrera y Alejandro González Bibolini en abril del año pasado por hechos punibles contra el funcionamiento de instalaciones imprescindibles (perturbación de servicios públicos) en grado de tentativa y coacción.

Según la imputación, la amenaza se concretó mediante la difusión de un comunicado viralizado en redes sociales, dirigido al entonces director paraguayo de Itaipú, Ernst Bergen, en el que dirigentes gremiales manifestaban el desacuerdo de los trabajadores con los descuentos dispuestos por el Gobierno nacional en medio de la pandemia del coronavirus y advertían con “paralizar la hidroeléctrica”, de ser necesario.

Argumento del Ministerio Público

El argumento del Ministerio Público para archivar la causa y sobreseer definitivamente a los sindicalistas es que jamás pudo acceder al comunicado original, situación que impide la realización de una pericia caligráfica para determinar si las firmas obrantes en la nota pertenecen o no a los procesados. En su requerimiento conclusivo, la Fiscalía refiere que durante el periodo investigativo -extendido por un año gracias a una prórroga extraordinaria- ha llamado a declarar a 132 personas, ordenó realizar un cruce de llamadas y hasta se ha constituido en la sede de Itaipú, pero estas diligencias no han logrado que tengan un grado de certeza respecto a la responsabilidad de los acusados en los hechos investigados.

Recordemos que tras la difusión de la “amenaza” y los cuestionamientos generalizados, los sindicalistas negaron haber autorizado el comunicado que dio origen al proceso.

Pericia frustrada

“Tenemos que la nota de fecha 30 de marzo de 2020 no fue presentada en formato físico a la Itaipú, por ello no se ha podido realizar una pericia caligráfica ya que se ha solicitado al perito forense si era factible la pericia sobre una fotocopia quien manifestó que era posible, si se ha presentado la nota de fecha 31 de marzo de 2020 donde los sindicatos SEIMI, SICAE, SICAP, SICONAC, SITRAE Y SINDITAIPU, refieren que la nota de fecha 30 de marzo de 2020, careciendo de validez”, explica la Fiscalía.

“Por otra parte, se cuenta con el testimonial de la directora jurídica de Itaipú, Magnolia Mendoza, quien manifestó que se comunicó con el asistente de la dirección jurídica Óscar Bogado, a quien le comentó que Edgar Adorno se había comunicado con él para manifestar que el tenor de la nota del 2020 publicado por redes sociales no fue consensuado por todo el sindicato. Asimismo consta la declaración del secretario Carlos Rojas quien manifestó que ese 30 de marzo de 2020 lo convocó para la firma de la nota quien le había indicado el carácter de la conversación pero que no había visto la nota, y después ya vio la viralización de la nota en redes sociales, así también la Itaipú informe que no se le instruyó sumario ni prohibición de ingresar a su lugar de trabajo, en ese orden de idea y con el cúmulo de pruebas que se encuentra en la carpeta fiscal tenemos que no se ha podido probar con elementos directos que corroboren sin dudar a dudas que los imputados hayan tenido participación en los hechos investigados”, concluye el requerimiento fiscal.

Conclusión del magistrado

“(...) en este caso, visto, los antecedentes de la presente causa, y en consideración, en cual el Ministerio Público, en ese lapso, pudo realizar todo su circuito de elementos o medios probatorios, y que aún así, no ha llegado lograr a su convicción positiva de avanzar conforme a su teoría del caso, corresponde a criterio de esta Magistratura, dictar el sobreseimiento definitivo, justificado y basado en el inciso 2° del art. 359 del código penal (...)”, resolvió el juez López.

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