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La normativa cuenta con 161 artículos y las comisiones le realizaron varias modificaciones. La Cámara de Diputados la analizará el próximo año, al retorno del receso legislativo.
El texto aprobado precisa los casos de conflicto de intereses y los casos en que funcionarios y privados tienen prohibición de participar en las licitaciones.
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Asimismo, dedica uno de los artículos al establecimiento de un Programa Anual de Contratación Pública para el fomento de las pequeñas y medianas empresas (mipymes), a las que estarán reservadas licitaciones de menor cuantía aplicables a contrataciones de bienes y servicios inferiores a 5.000 jornales mínimos (G. 440.255.000).
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El proyecto aprobado también establece los casos en que las compras pueden ser anuladas así como las sanciones a empresas que incumplan con los compromisos del contrato.
Asimismo, dispone los casos en que las contrataciones serán exclusivamente nacionales y en qué casos serán internacionales.