Las comisiones de Asuntos Constitucionales, presidida por Derlis Maidana (HC) y de Justicia y Trabajo, dirigida por Raúl Latorre (HC), ambos órganos dominados por cartistas y llanistas recomiendan al pleno ratificarse en la versión de Diputados; es decir despenalizar las declaraciones juradas.
A esta posición se suman los oficialistas, a quienes no les desagrada “corregir” los “olvidos” en las declaraciones juradas de bienes y rentas, según señalaron fuera de micrófono.
La comisión de Legislación y Codificación, presidida por el diputado Jorge Ávalos Mariño (PLRA), es el único órgano que se pronunció con un único dictamen a favor de las modificaciones del Senado.
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“Si hablamos de una declaración jurada se supone que va a responder a la verdad de la situación patrimonial de ese momento. Si el funcionario público va a tener la posibilidad de modificar e ir adecuando a las circunstancias y a las necesidades, entonces su declaración jurada de bienes al final va a ser una herramienta prácticamente sin sentido a la presentación de la declaración jurada, si es que las modificaciones y los ajustes van a quedar al arbitrio de los funcionarios públicos”, indicó el diputado liberal.
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Versión senadores
Indicó que la versión del Senado establece que si la Contraloría encuentra indicios de que la omisión o el error en la declaración jurada de bienes es intencional el dolo es imputable al declarante la Contraloría General de la República debe denunciar al Ministerio Público, o a la autoridad jurisdiccional competente. Esta modificación fue suprimida por la Cámara de Diputados.
La Contraloría envió su propuesta de modificación a Diputados. El líder de la bancada cartista Basilio “Bachi” Núñez fue uno de los que tomó la norma. Sin embargo, en Constitucionales desvirtuaron el proyecto original.