Luego de tres años de ejercer la defensa de Reinaldo Javier Cabaña, el abogado Pedro Wilson Marinoni comunicó que se retira del mandato del procesado por narcotráfico y ya no será su defensor.
El motivo, según dijo a través de su cuenta de Twitter, es personal. El jurista dijo que le pareció necesario comunicar esta decisión a la opinión pública para que a partir de ese momento se sepa que no tiene vinculación alguna con el proceso de Cabañas.
El profesional anexó a su posteo una imagen del oficio que dirigió a la jueza penal de garantías, Alicia Pedrozo, en el que le comunica que renuncia a la personería de la causa número 7388-2018, en los autos caratulados “Reinaldo Javier Cabaña Santacruz y otros S/ Ley 1881/2002 que modifica la ley 1340/88 y otros”.
Al comparecer ante la magistrada, el jurista explicó que renuncia al mandato que le había sido conferido por el imputado Cabaña Santacruz y su esposa Gloria López de Cabaña, por convenir así a sus derechos.
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Pidió que Cabaña y esposa sean notificados
El defensor solicitó a la jueza que Cabaña y esposa sean notificados de esta determinación y se procesa así a su desafectación del sistema en esta causa.
El abogado anexó un segundo oficio en el que la jueza le responde que atendió a la solicitud y le comunica que se lo tiene por renunciado al ejercicio de la defensa mencionada más arriba.
Reinaldo Javier Cabaña Santacruz está procesado por supuesto narcotráfico, lavado de dinero y asociación criminal.
Hace unos días planteó un recurso de reposición parcial contra el Acuerdo y Sentencia N° 72 del 22 de marzo de 2022, dictado por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.
En el requerimiento conclusivo presentado por el fiscal antidrogas Ysaac Ferreira, el 13 de setiembre de 2019, “Cucho” Cabaña fue acusado por supuesto tráfico de drogas, lavado de dinero y asociación criminal; mientras que el diputado Ulises Quintana fue acusado de presunto lavado de dinero y asociación criminal establecida en la ley de drogas.
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Debido a la acción de inconstitucionalidad planteada por el Ministerio Público, el expediente estuvo dos años y tres meses en la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. El ministro Alberto Martínez Simón, uno de los miembros de la Sala, responsabilizó de esta situación a la fiscalía, alegando que debió utilizar un recurso distinto al planteado en contra del fallo de la Cámara de Apelaciones