Un grupo de usuarios de la junta de Saneamiento del barrio Nueva Esperanza de la ciudad de Guarambaré viene luchando para recuperar la entidad que está siendo manejada por dos familias y el tesorero ocupa el cargo hace 12 años, cuando que el estatuto solo permite dos periodos de dos años, según la denuncia.
Según los usuarios la comisión directiva, presidida por Ulises Javier Marecos, realiza asambleas solo cuando existe presión de los usuarios, pero que siempre son direccionadas y dirigidas a un grupo reducido y que el tesorero nunca fue cambiado.
“Las asambleas siempre son orquestadas por la directiva, no presentan padrón, los balances son escuetos, sin los detalles y al tesorero nunca se le cambia, cuando se presenta alguien para el cargo es impugnado por cualquier cosa, porque el Tribunal Electoral Independiente (TEI) es servil a la comisión”, expresó un usuario, Miguel Angel Aquino.
Agregó que el TEI lo preside Mirta Fleitas, el vocal es su padre Pedro Fleitas y el secretario es el plomero de la entidad, Pascual Galeano, y que siempre favorece a los directivos para que se mantengan en el cargo.
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Aquino, comentó además que el 13 de marzo pasado se realizó una asamblea, pero que nuevamente mediante maniobras lograron evitar la renovación de autoridades y que fue fijada para el 10 de abril pasado, pero nuevamente quedó suspendida por una medida cautelar solicitada por la comisión directiva, que busca anular la asamblea de marzo.
“En marzo pasado se hizo la asamblea, pero solo se hizo la rendición de cuentas nuevamente y fue rechazada por la mayoría, porque eran dos hojas que no contenían nada y además se decidió realizar el cambio de autoridades en abril y fue conformada una comisión verificadora, pero los directivos no permitieron nunca el ingreso de los verificadores”, relató Aquino.
Estrategia fallida
Aquino, comentó que tras la decisión de la asamblea de marcar nueva fecha de elección de autoridades, los miembros del TEI recurrió a una estrategia de renunciar todos, así evitar la organización de la próxima reunión, pero se propuso en ese momento la elección del nuevo tribunal para preparar las elecciones.
“En la asamblea de marzo, la presidenta renunció al igual que los otros miembros, y era solo para evitar organizar la asamblea para cambio total de la directiva y cuando se propuso elegir a los nuevos integrantes retrocedieron y dijeron que seguirían, pero recurrieron al tribunal electoral para anular la asamblea y evitar el cambio de los directivos”, manifestó el entrevistado.
Dijo también que nadie sabe de los ingresos y egresos de la entidad, ni la cantidad exacta de usuarios actualmente, la junta de saneamiento tiene 25 años de vigencia y la misma fue construida con mucho sacrificio por los pobladores.
Además denunciaron que se estaría utilizando facturas con timbrado vencido y esperan que las autoridades de la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) y la propia Contraloría General del Estado realicen una intervención.
La aguatera opera en la casa del tesorero
Llamativamente, la aguatera funciona en la casa del tesorero, Alejo Caballero, quien se resiste a entregar el cargo, que ostenta hace 12 años, y además su esposa es la secretaria administrativa de la entidad de servicio, Carmen Zelaya de Caballero, pese a que el estatuto prohíbe tal situación, denunciaron.
Debido que la junta de saneamiento funciona en la casa particular de Caballero, los usuarios ni siquiera pueden ir a reclamar nada, porque son amenazados de atropello de domicilio y además los portones están siempre cerrados.
Los usuarios aseguran que siempre tienen que pagar por excesos, que las facturas son muy elevadas, pero no pueden reclamar nada a los directivos.
“El mínimo es de G. 20.400, pero a la mayoría siempre se le factura G. 80 a 200 mil, pero no se puede reclamar nada a los directivos, nosotros solo queremos transparencia y no estamos buscando ningún cargo”, resaltó Aquino.
Medida cautelar sostiene a los directivos
Debido al revés que sufrió la comisión directiva en la asamblea de marzo pasado, recurrieron al Tribunal Electoral de la capital, primera sala, para solicitar una medida cautelar y buscar la anulación de la asamblea y seguir en el cargo.
Los miembros del referido tribual, Hermes Medina Oviedo, Lilian Lorena Rojas y Alcibiades Ayala dieron lugar al pedido de la comisión directiva y facilita que los mismos sigan en el cargo. La medida cautelar se firmó el 31 de marzo pasado y notificado el 5 de abril.
Los usuarios recurrieron también al Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental (Senasa) que realizó una verificación contable y recomendó el cambio total de las comisión directiva, pero la misma se mantiene gracias a un tribunal electoral.
Nadie quiere hablar
Nos comunicamos con el presidente, el tesorero y la presidenta del TEI, Ulises Javier Marecos, Alejo Caballero y Mirta Fleitas, respectivamente, pero llamativamente nadie quiso hablar del tema, alegando que estaba judicializado.
Al tesorero, en reiteradas ocasiones, le consultamos si la entidad de servicios funciona en su casa y solo se limitó a decir que no estaba autorizado a hablar; mientras que el presidente alegó que el tema estaba judicializado.
A la presidenta del TEI le consultamos si su padre y plomero de la entidad integraban el tribunal y no quiso contestar, alegando que iba a una consulta médica y que no podía hablar.