Extitular de Tributación insiste con juicio que atenta contra la libertad

El martes dará inicio al juicio planteado por la exviceministra de Tributación Marta González Ayala contra la directora de ABC Color y un periodista. La exfuncionaria pública y vinculada en su momento a una firma proveedora del Estado entabló una serie de demandas que atentan contra la libertad de expresión, molesta por publicaciones sobre un proceso de compras públicas.

Marta González conversa con su abogado, socio comercial y esposo, Jacinto Santamaría. Apenas dio declaraciones a ABC.
Marta González conversa con su abogado, socio comercial y esposo, Jacinto Santamaría.Archivo, ABC Color

Marta González Ayala, quien fuera viceministra de Tributación durante el gobierno de Horacio Cartes y sobre la que pesaron numerosas críticas durante su administración, presentó la querella bajo patrocinio de su abogado Jacinto Santamaría, quien además es su esposo y socio comercial en la firma Audicon.

González querelló a la directora y al periodista de nuestro diario por supuesta difamación. La exviceministra quedó molesta por una serie de publicaciones sobre el proceso de licitación para la implementación del nuevo sistema Marangatu realizadas entre marzo y abril.

Lo que enojó a González

En marzo de 2019, luego de recibir documentos que hasta ese momento no habían sido revelados sobre el proceso de licitación para la actualización del sistema de gestión tributaria conocido como Marangatu, ABC Color realizó una serie de publicaciones sobre cuestiones relacionadas al interés público, exponiendo desde la perspectiva del derecho a la libertad de expresión, prensa e información, datos que debían ser objeto de conocimiento por parte de la opinión pública.

Cuando Marta González Ayala era viceministra de Tributación, se adjudicó un contrato –para actualización del sistema tributario– por más de US$ 3 millones a un organismo del que era directiva. No hubo competencia, sino contratación por vía directa y se argumentó que eran los únicos con la experiencia requerida, pero terminaron tercerizando el contrato.

Alegando urgencia impostergable, en el año 2016 la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) contrató en forma directa y por vía de la excepción al Centro Interamericano de Administraciones Tributarias (CIAT), una organización con base en Panamá, para actualizar el sistema de gestión tributaria Marangatu.

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Quienes fueron elegidos tenían entre sus directivos a Marta González Ayala, quien en ese entonces era la titular de la SET. Es decir, se contrató a un organismo en un momento en el cual ella era una de las autoridades integrantes.

De acuerdo a los datos que constan en el propio sitio web del CIAT, Marta González Ayala ingresó como miembro del consejo directivo de la organización el 6 de mayo de 2014, nueve meses después de haber asumido como titular de Tributación.

A pesar de que el sistema Marangatu llevaba años colapsando y generando un sinfín de cuestionamientos, no fue sino hasta 2016 que la administración de González Ayala decidió que era momento de actualizar el sistema tributario.

El llamado fue publicado en abril de ese año en el portal de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas bajo el ID 306.012. Hablaban de urgencia impostergable, con lo cual se propició evitar la competencia y finalmente impulsaron una contratación directa por la vía de la excepción. Esto significaba que buscaban a quienes se quedarían con un contrato de G. 20.000 millones, unos tres millones de dólares.

Menos de dos meses después, en junio de 2016, la licitación ya estaba finiquitada. La SET, con Marta González a la cabeza, contrató con el CIAT, que tenía a Marta González como directiva. Además, tiempo después se terminaría confirmando que el mismo CIAT fue el que realizó el análisis del Marangatu 1.0 en el que basó el Pliego de Bases y Condiciones para la licitación que les fue adjudicada.

Este relato, sumado a las críticas históricas realizadas por este diario, molestaron a González Ayala y Santamaría. Enojados, presentaron una querella por difamación, alegando ser víctimas de daños y pretendiendo el pago de una “composición” por un monto escandaloso y de ningún sustento normativo.

Publicaciones veraces

González Ayala y Santamaría basaron su querella en un dictamen de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP). O al menos en una parte. En un total de 15 páginas, la institución confirma la VERACIDAD de todas las publicaciones de ABC Color aunque aclara que no considera la existencia de irregularidad alguna.

De acuerdo a la jurisprudencia del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, a los periodistas y medios de comunicación se les exige apenas verosimilitud; es decir una versión cercana a la realidad. En este caso, Contrataciones Públicas confirmó la veracidad de los hechos: hizo un documento a medida que dice que todo lo publicado es verdad, pero que terminó con un último párrafo que desvirtuaba las mismas publicaciones.

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Nunca las publicaciones la acusaron de nada, sino que hicieron un relato de los hechos confirmados en base a documentos. Si los hechos publicados fueron veraces, mal podrían hablar los dos de difamación, más aún cuando las publicaciones se realizaban sobre la base de críticas realizadas al modo de adjudicación de un contrato que suponía el compromiso de fondos públicos.

La veracidad de los acontecimientos publicados en nuestras páginas obligaron de hecho a Contrataciones y a la Contraloría General de la República a tomar intervención. Era un hecho de interés público y González y Santamaría decidieron ingresar por voluntad propia a la vida pública y al escrutinio que ello conlleva.

Rechazó réplica

En 2019, antes de las publicaciones, nuestro diario había incluso intentado contar con la versión de González Ayala. Ella no quiso acceder a responder consulta alguna en su momento.

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