Cárceles del MOPC acumulan dos años de atraso y un millonario sobrecosto

Las tres cárceles que el MOPC construye en Minga Guazú y Emboscada ya registran dos años de retraso y un sobrecosto de US$ 5,5 millones, según datos obtenidos. Algunas debieron esta listas en 2020, pero este plazo no se cumplió.

Uno de los pabellones de la nueva cárcel de Minga Guazú.
Uno de los pabellones de la nueva cárcel de Minga Guazú.gentileza

Las tres nuevas cárceles que construye el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) en Emboscada (Cordillera) y Minga Guazú (Alto Paraná) acumulan atrasos y sobrecostos. Hasta la fecha no se sabe cuándo serán habilitadas para descongestionar las superpobladas penitenciarías del país.

Las obras fueron adjudicadas en junio de 2019 a tres consorcios por G. 192.423 millones, pero este precio ya subió a G. 229.907 millones, es decir, G. 37.484 más (US$ 5,5 millones al cambio actual). Los trabajos debieron finalizar en 2020 en dos de sus lotes, pero eso no ocurrió y en el MOPC sobran las excusas para explicar la falta las contratistas.

El lote 1 de Emboscada fue otorgado a la firma Aponte Latorre (representada por Osvaldo Aponte) y el monto del contrato original era de G. 62.324 millones, pero esta empresa terminará percibiendo G. 74.426 millones (el encarecimiento es del 20%). Las obras de este tramo se iniciaron el 13 de agosto de 2019 y debían culminar en 16 meses, es decir, en diciembre de 2019.

Lo llamativo es que el MOPC ya firmó seis adendas de extensión de plazos, sean estas por lluvias, pandemia, escasez de cemento e incluso por paro de camioneros. En cuanto al encarecimiento, desde la cartera de obras señalaron que agregaron rubros no previstos en el plan original. El plazo actual de finalización es el día 23 de este mes, que de nuevo no podrá cumplirse.

Los demás lotes

El lote 2, también un pabellón para Emboscada, está a cargo del Consorcio Cordillera (representado por Emilio Díaz de Vivar) e integrado por Edivi SA y Constructora Heisecke SA. Este lote se adjudicó al grupo mencionado por G. 62.299 millones, pero se le terminará desembolsando G. 74.263 millones (20% más).

La orden de inicio de este lote la dieron en setiembre del 2019 y debía completarse en 23 meses, es decir, r en agosto del 2021.; pero este cronograma tampoco se cumplió y al grupo ya le firmaron seis adendas de ampliación de plazos. El último se cumplirá en setiembre de este año.

Respecto al encarecimiento del lote Emboscada, el MOPC informó que al igual que el 1, agregaron obras, como planta de tratamiento de efluentes cloacales, el tanque superior e inferior y un pozo profundo para la provisión de agua corriente, así como modificaciones de todo el proyecto por la ley de accesibilidad, que afectaron a todos los rubros de la obra.

Por último, el lote 3, para la cárcel de Minga Guazú, adjudicado al Consorcio AGB - Tocsa SA, (representada por Sara María Blanco de Dose), por G. 67.799 millones, pero terminarán pagándole G. 81.218 millones. Los trabajos de este lote empezaron el 16 de agosto del 2019 y debieron terminar en 16 meses (diciembre del 2020).

Según la última prórroga, en enero de este año debían culminar los trabajos de este lote, pero los plazos se suspendieron debido a la falta de pagos del MOPC a la contratista. “Es muy importante mencionar que la obra se encuentra suspendida a partir del 20 de enero de 2022 por falta de pago de la Contratante desde el mes de julio de 2021, hasta que la contratante pueda ponerse al día en sus obligaciones”, explica el MOPC.

Respecto a la variación del precio, señala que esto se dio por adecuaciones del proyecto a la accesibilidad y la inclusión de la planta de tratamiento de efluentes con su respectiva red de emisario hasta la disposición final del efluente tratado.

Aún se deben equipar

Para equipar las nuevas cárceles de Emboscada y Minga Guazú se necesitará US$ 1,5 millones, según se informó en su momento. Esto se debe concretar a través de una ampliación presupuestaria para el Ministerio de Justicia para que pueda convocar las licitaciones correspondientes a la cocina, lavandería, administración y las celdas. Según los datos, estos penales de alta seguridad cuentan con 3.960 plazas, es decir cada centro tendría capacidad para albergar a 1.330 personas.

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