Ilda González, oriunda de la colonia Acepar del distrito de Yasy Cañy, Canindeyú, dijo que la defensora pública Mónica Marín le llamó y le envió mensajes de voz vía WhatsApp reprochándola por recurrir a los medios de comunicación para contar su caso. Aseguró que la funcionaria la maltrató verbalmente enojada por su accionar.
“Yo recurrí a la prensa porque estoy desesperada y ya no sé adónde acudir, mi hijo ya tiene 7 años, va a la escuela, tiene gastos y ni cédula de identidad aún tiene. Ellos no me hacen caso, voy a contar únicamente a la prensa”, manifestó la mujer. Aseguró haber accedido en dos oportunidades a la realización del ADN para probar quién es el padre de su hijo (Christian Colmán González), que en todo momento negó la paternidad.
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Llamativamente, el juez Ramón Alberto Florentín, de Curuguaty, otorgó al padre un permiso especial para viajar a España por dos meses con la excusa de que iría a trabajar y pagar la pensión que debe, pero el plazo que ya feneció el 1 de septiembre pasado y no regresó. Al respecto, la mujer dijo que el pasaje al país europeo casi alcanza los 25 millones de guaraníes.
El monto es lo que estaría adeudando el progenitor por la prestación alimentaria atrasada, por lo que considera totalmente fuera de lugar la decisión del magistrado, más aun considerando que en dos meses no podrá lograr juntar ese monto.
Por su parte, Mónica Marín, defensora pública de Curuguaty, quien representó a la mujer en los primeros meses del proceso judicial, negó que le haya maltratado verbalmente. Refirió que solo le aclaró que la defensora que le debe acompañar es otra compañera suya, pero no pudo refutar el audio que le envió vía WhatsApp donde se le escucha claramente reprochando a la mujer por recurrir a la prensa.
“Tampoco puedo decirles a mis compañeras cómo deben trabajar, cada uno tenemos nuestras formas de trabajar y organizar las actividades de trabajo”, refirió en abierta alusión a su colega.
Audiencia preliminar suspendida
En el marco de la causa por la millonaria deuda por prestación alimentaria, el juez Ramón Alberto Florentín informó que se suspendió la audiencia preliminar que se debió realizar en la mañana del pasado jueves, ante un posible acuerdo entre las partes, y que fijará otra fecha para escuchar el requerimiento conclusivo del agente fiscal Lucrecio Cabrera.
Este último refirió que busca una solución pacífica del caso. “Yo trato de que lleguen a un acuerdo y se solucione. No se gana en este tipo de caso enviarle adentro o pedir que se revoque su medida, la idea es que se pague lo que se debe”, afirmó.