Derrumbe de vivienda: jueza dice que “lo único que hizo fue cumplir una sentencia”

La jueza Sady Barreto, quien ejecutó la resolución para demoler la vivienda del vecino de la exviceministra Marta González, argumentó que “lo único que hizo fue cumplir una sentencia”, dictada por una jueza anterior a ella. Dijo que si las partes no cuestionaron nada al momento de correr traslado, “el juzgado no puede hacerse cargo de la negligencia de la defensa”.

La vivienda que estaba ubicada en un excedente fiscal fue derrumbada a pedido de Marta González.
La vivienda que estaba ubicada en un excedente fiscal fue derrumbada a pedido de Marta González.

En comunicación con ABC Cardinal, la jueza Sady Barreto, encargada de ejecutar la resolución para demoler la vivienda de don Juan Báez, vecino de la exviceministra Marta González, alegó que “el alcance de ese mandamiento era exclusivamente establecer la propiedad como estaba anteriormente”. Según ella, eso fue lo que hizo.

“En el marco del dicho proceso lo único que hice es cumplir una sentencia dictada por una jueza anterior a mí”, justificó Sady Barreto.

Según la magistrada, “si las partes al momento de correr el traslado no hicieron esas cuestiones, el Juzgado no puede hacerse cargo de la negligencia de la defensa”.

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Dice que “no puede discutir” sentencia

Alegó que la resolución principal que ella ejecutó había sido dictada por su colega, la anterior jueza que encabezaba la causa, Nancy Cabrera.

Añadió que “si la defensa tiene que reclamar, lo debe hacer por las vías correspondientes”.

Ante los cuestionamientos de los entrevistadores, la jueza enfatizó que ella no puede discutir una sentencia que ya está firme y que la ejecutó un juez anterior.

Afirmó que actualmente está disponible un sistema electrónico, por medio del cual los abogados tenían “la posibilidad de imprimir el expediente”.

“De oficio no puedo hacer nada”

Enfatizó en que ella no tenía en sus manos la solución a este conflicto, y cuando se le mencionó que el señor Juan Báez ni siquiera tenía un abogado, respondió: “Yo de oficio no puedo hacer nada. Si el señor no tiene condiciones de pagar un abogado, puede recurrir a la Defensoría. Estamos ante una sentencia que está firme”.

Continuó expresando que en todo caso, el responsable directo es el oficial de justicia, y añadió “no soy perito topográfico para saber dónde está la finca; no puedo estar analizando algo que ya está firme, y las partes no recurrieron”.

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Juan Báez, modesto poblador de la compañía Mbatovi de Paraguarí, fue víctima del derribo de parte de su pequeña casa ubicada dentro de un excedente fiscal. El inmueble público es pretendido por la ex viceministra cartista de Tributación Marta González Ayala. El atropello fue concretado pese a que un juez había calificado de arbitraria la decisión judicial en que se apoya la ex subsecretaria de Estado.

Hicieron cumplir interdicto

La humilde familia se quedó sin casa luego de que esta mañana acudieron oficiales de Justicia a hacer cumplir un interdicto a favor de Marta González y derribaron su vivienda, levantada en un terreno situado al costado de la ruta que une Paraguarí con Piribebuy, en el departamento de Paraguarí.

El mandamiento de restitución de la posesión del inmueble (desahucio), que lleva la firma digital de la jueza Sady Carolina Barreto Torres, tiene como benefactora a la exviceministra cartista de Tributación Marta González, con quien la familia Báez venía litigando por dicha finca desde hacía más de una década.

Juan Báez había acudido al diario ABC Color en 2021 para denunciar que estaba a punto de perder su casa en una disputa iniciada por la exfuncionaria y su esposo, Jacinto Santa María.

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Querellados y absueltos

Al hacerse eco nuestro diario de la denuncia de don Báez, esto derivó en dos querellas presentadas por la exviceministra cartista y su esposo contra el periodista de ABC Juan Carlos Lezcano y la directora, Natalia Zuccolillo. Los procesos fueron unificados y atendidos por el juez Juan Carlos Zárate, quien absolvió a ambos acusados.

El juez Zárate calificó el interdicto de arbitrario y solicitó que se audite. Antes de ser atendida dicha petición, el Juzgado de garantías hizo cumplir el mandamiento emitido ya en noviembre del 2019.

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