La municipalidad de San Bernardino nada sabe del misterioso hombre que alquiló el Anfiteatro

El abogado Diego Fernández, director jurídico de la Municipalidad de San Bernardino, dijo a ABC Cardinal que desconoce quién es y de dónde proviene Néstor Martínez Britos, la persona que arrendó en el 2016 el Anfiteatro José Asunción Flores, por la suma de G. 4.750.000 mensuales por un plazo 7 años. Se limitó a decir que es una persona particular que se presentó con una oferta “seguro interesante para las autoridades” de ese entonces.

Por ley de la nación el local fue expropiado de la quiebra a favor del Ministerio de Hacienda, y por al misma ley se le otorgó en usufructo a la Municipalidad de San Bernardino.
Por ley de la nación el local fue expropiado de la quiebra a favor del Ministerio de Hacienda, y por al misma ley se le otorgó en usufructo a la Municipalidad de San Bernardino.

El asesor jurídico de la Municipalidad de San Bernardino, Diego Fernández, fue consultado qué conoce de la persona que alquiló la sede del Anfiteatro José Asunción Flores.

Increíblemente, el funcionario dijo no conocer información sobre quién sería la persona que arrendó el lugar, y cuál sería su origen.

Se limitó a decir que fue “una persona que vive en Asunción y que se presentó con una oferta de seguro interesante para las autoridades”, pero no brindó datos sobre si pertenecería a una empresa o a qué se dedicaría.

Contrato empezó en el 2016

Detalló que este contrato de arrendamiento se realizó en el año 2016, bajo la administración del anterior intendente, y se firmó por 7 años, a cambio de los cuales el arrendatario entregó G. 400 millones por todo ese tiempo. Esto significa que el contrato vence en el año 2023.

El asesor jurídico continuó detallando que este contrato de alquiler tuvo aprobación de la Junta Municipal.

Con respecto al estatus jurídico del anfiteatro, detalló que por ley de la nación el local fue expropiado de la quiebra a favor del Ministerio de Hacienda, y por la misma ley se le otorgó en usufructo a la Municipalidad de San Bernardino, por el plazo de 20 años. Es decir, el municipio solo es usufructuario de esta sede.

Lea: Contraloría pide informes sobre alquiler de icónico anfiteatro de San Bernardino

Constataron incumplimientos de contrato

Ahora, el asesor jurídico municipal admitió que se constataron varios incumplimientos del contrato. Entre ellos, la falta de conservación y mantenimiento del predio. Por tanto, pedirán la rescisión del contrato.

“Tenemos registros donde se nota el abandono del lugar. Falta de mantenimiento de estructuras, aberturas. Además, también influyó la cuestión de que subarrendaban el espacio y se construyeron infraestructuras. Cualquier construcción permanente o provisoria tiene que tener autorización de la Municipalidad”, enfatizó el funcionario municipal.

Admitió que la comunicación entre arrendatario y la municipalidad “no existía”, y que el arrendatario no rendía cuentas de cuánto cobraba por los eventos que se realizaban en la sede.

Subarriendo costó casi el doble

No obstante, contó que sí tuvieron acceso a un contrato de subarrendamiento, en virtud a que una empresa se acercó a solicitar su patente comercial. Mediante eso, supieron que una discoteca pagó un subarriendo de G. 780 millones, por cuatro años.

Con relación al año que aún falta para que venza el contrato de alquiler con este misterioso arrendatario, el asesor jurídico mencionó que la municipalidad está abierta a una conversación y a devolverle el importe equivalente al año de contrato que falta cumplir.

Por otro lado, Diego Fernández destacó que hay ciertos usos que están prohibidos actualmente para el anfiteatro. Por ejemplo, ya no se puede utilizar para discotecas.

“Eso se decidió ahora por la alta densidad de población del lugar. Estudios técnicos dicen que hay muchas residencias en el lugar y ya no son compatibles con discotecas”, especificó el funcionario.

En cuanto al pedido de informes que llegó de parte de la Contraloría General de la República, indicó que están intimando al señor Néstor David Martínez para que entregue las informaciones de los contratos, “porque podría haber daño patrimonial”.

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