Niegan libertad ambulatoria a camioneros acusados de extorsión al Gobierno

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Los cinco líderes camioneros imputados, luego de su detención en abril.

Un juzgado resolvió hoy no hacer lugar a un pedido de libertad ambulatoria hecho por la defensa de tres de los cinco dirigentes camioneros procesados en abril de este año por un supuesto intento de extorsionar al Gobierno exigiendo un soborno para desbloquear manifestaciones y cierres de ruta.

Este viernes, el Juzgado Penal de Garantías especializado en Delitos Económicos del Segundo Turno, a cargo del juez José Agustín Delmás, resolvió rechazar un pedido hecho por la defensa de Roberto Merardo Almirón, Julio César Solaeche y Juan Fredi Friedenlib, tres de los cinco dirigentes camioneros imputados por un supuesto intento de extorsión al Gobierno en abril de este año.

Las tres personas mencionadas, además de Ángel Záracho y Vicente Medina, fueron procesadas por supuesta extorsión, a raíz de una denuncia formulada por el ministro del Interior, Federico González, quien indicó que los imputados le pidieron un millón de dólares para dejar de realizar cortes de ruta durante el tiempo restante de gobierno del presidente Mario Abdo Benítez.

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La abogada Julia Ferreira, representante legal de Almirón, Solaeche y Friedenlib, invocó el artículo 225 del Código Procesal Penal, que establece la revocación de medidas de prisión preventiva cuando la duración de esa medida supere o equivalga al mínimo de la pena prevista.

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Sin embargo, el juzgado señala que los tres se encuentran bajo arresto domiciliario, argumentando que es improcedente aplicar ese artículo del Código Penal que hace referencia explícitamente a prisión preventiva.

La denuncia del Gobierno

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La imputación fiscal señala que los camioneros Roberto Almirón, Ángel Zaracho y Julio Solaeche se reunieron con el ministro Federico González el 11 de abril en la planta principal de Petropar, donde supuestamente exigieron la suma de 1.000.000 de dólares para no cerrar rutas.

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Siempre según la imputación, ante la negativa de pagar por parte del ministro, los camioneros bajaron el monto exigido a 300.000 dólares el 12 de abril en otra reunión, en la sede del Ministerio del Interior, donde también recibieron la negativa del secretario de Estado, por lo que los camioneros le solicitaron que su pedido llegue al presidente de la República, Mario Abdo Benítez.

El 13 de abril, Ángel Zaracho fue al Ministerio del Interior, donde recibió US$ 50.000 en una entrega controlada, siendo detenido mientras se disponía a salir del edificio. Posteriormente, fueron detenidos los otros cuatro camioneros.

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En septiembre, la Cámara de Apelaciones otorgó al Ministerio Público una prórroga extraordinaria de seis meses para finalizar la investigación y presentar su requerimiento conclusivo sobre el caso, lo que deberá realizarse el 13 de abril de 2023.