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El Tribunal de Apelación Penal Especializado en Delitos Económicos y Crimen Organizado declaró inadmisible la apelación general y confirmar el auto de elevación a juicio oral y público para el juez de Ejecución de San Pedro Néstor Arévalo Zorrilla, por el caso de la Granja VIP en la cárcel de dicho distrito norteño.
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El magistrado está acusado por los supuestos hechos punibles de frustración de la persecución y ejecución penal, realización del hecho por funcionarios y cohecho pasivo agravado, ya que, según el Ministerio Público, habría colaborado para el traslado de condenados por narcotráfico a una granja ubicada fuera del perímetro de la cárcel San Pedro.
La apelación general fue presentada por la defensa de Arévalo Zorrilla en contra del Auto Interlocutorio N° 263 del 23 de setiembre de 2022, dictado por el juez en lo Civil, Comercial y Laboral Nelson Mercado Rotela, de la ciudad de Santa Rosa del Aguaray, de la circunscripción judicial de San Pedro, y declarada inadmisible por los camaristas Bibiana Benítez Faría, Arnulfo Arias y Gustavo Ocampos González.
Acusados por traslado de narcos a “Granja VIP”
La causa penal que afronta el juez Néstor Arévalo se inició luego de la masacre registrada el 16 de junio de 2019 dentro de la Penitenciaría Regional de San Pedro. El hecho dejó 10 víctimas, varias de ellas decapitadas y quemadas. Por este caso, 24 convictos del Primer Comando Capital fueron condenados a penas de 5 a 40 años de cárcel, ya con los años de medida de seguridad.
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El magistrado habría colaborado para el traslado de narcotraficantes a una granja VIP ubicada fuera de la cárcel, supuestamente a cambio de un pago ilegal. En dicha granja fueron hallados dos peligrosos traficantes de drogas, con altas condenas: Víctor Brítez Aranda (Chapaló) y Ángel Tranquilino Giménez, con penas de 26 y 21 años de cárcel, en ese entonces.
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La causa contra Arévalo Zorrila es porque, según la acusación fiscal, favoreció a Chapaló con un cambio de lugar de reclusión, pues el mismo estaba preso en la “Granja El Porvenir” de San Pedro, que para el Ministerio de Justicia no existía.
Una vez instalado Chapaló, llevó a cabo obras y equipó el mobiliario para su entera comodidad con total discrecionalidad.
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En esta causa penal también están acusados por los mismos ilícitos Wilfrido Victoriano Quinanta Parodi y Alberto Ramón Orella Notario, exdirectores penales de San Pedro y Ciudad del Este, respectivamente.