:focal(483x626:724x939)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/abccolor/32FDV7PURFHA7BDQRGSBILMW2E.jfif)
Cargando...
En conversación con medios de comunicación este martes, el senador independiente Eduardo Nakayama, reaccionó a hechos de aparente sobrefacturación en la compra de sillones, azúcar, café y edulcorante para la Vicepresidencia de la República, afirmando que se trata de una prueba de lo “vacío del discurso de austeridad del Poder Ejecutivo”.
La Vicepresidencia de la República, a cargo del vicepresidente Pedro Alliana, firmó contratos para la provisión de sillones y un atril por más de 50 millones de guaraníes, y la compra de edulcorantes, azúcar y café soluble por encima de precios de mercado.
Unite al canal de ABC en WhatsApp
El senador Nakayama desafió al ministro de Economía, Carlos Fernández Valdovinos, a dar “su opinión sobre estas sobrefacturaciones”, que en su opinión representan solo “una pizca, un botón” del malgasto del dinero público en el Poder Ejecutivo.
“Estoy convencido de que, en cada dependencia del Estado, pero principalmente en el Ejecutivo (...), esto es moneda corriente”, dijo.
Parientes y amigos beneficiados con licitaciones
Esta revelación llega en momentos de tensión en torno al gasto del dinero público debido a la mediatización de numerosos casos de supuesto nepotismo en el Poder Legislativo, donde hijos y otros familiares de políticos - entre ellos la hija del propio vicepresidente Alliana - ocupan cargos “de confianza” a los que accedieron sin concurso y sin aparente preparación académica.
El senador Nakayama afirmó que “en muchos casos” las personas beneficiadas con licitaciones de ministerios y otras dependencias del Estado también son parientes o amigos de los titulares de esas entidades.
“No se sorprendan si alguno de estos que proveen a Vicepresidencia está relacionado al vicepresidente”, dijo. “Es el modelo empobrecedor que no podemos seguir tolerando”.
“No tenemos un fiscal general con los pantalones puestos”
El legislador señaló que “se nos va más del 90 por ciento del dinero de los contribuyentes” entre salarios y “gastos corrientes para mantener toda esta estructura parasitaria” en el Estado.
Señaló que las herramientas para dar persecución penal a hechos de sobrefacturación existen, pero “no tenemos un fiscal general del Estado con los pantalones puestos que salga a investigar y condenar este tipo de hechos”.
Opinó que el fiscal general Emiliano Rolón “de oficio debe abrir las causas y, si existen los méritos, inmediatamente imputar” debido a que “él representa la defensa de los intereses de la sociedad”.