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La obra, encarada por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) y ejecutada por el Consorcio CTC, ha sido objeto de polémica desde sus primeras etapas de planificación, muchos pobladores durante la audiencia pública han advertido que si se modifica el diseño original las comunidades vecinas se iban a inundar.
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Con una inversión de 96,5 millones de dólares en la fase A, la construcción de la defensa costera buscaba proteger a Pilar de las crecidas del río Paraguay y el arroyo Ñeembucú, que cada vez más amenazaban la integridad de la ciudad. Sin embargo, los efectos secundarios de esta obra han ocasionado serios problemas para las compañías vecinas, como Kamba Kuá, Valle Apu’a y Medina.
Según los informes proporcionados por el Consorcio CTC, integrado por las firmas Construpar SA, Tocsa, Tecnoedil SA y Concre Mix SA, representado por Sergio Rubén Samudio Báez, en la construcción de la defensa costera, se ha desviado el cauce natural del arroyo Ñeembucú, creando un canal de derivación de 14 km que desemboca directamente al río Paraguay.
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Al mismo tiempo se construyó sobre el mismo arroyo Ñeembucú dos estaciones de control hídrico cuyos diseños supuestamente fueron modificados del proyecto original formando un cuello de botella dentro del arroyo y que supuestamente es el que impide el paso del agua en gran volumen y que de cuyas consecuencias inunda a las localidades vecinas, según la denuncia de los vecinos.
Impactos negativos de la obra
Los pobladores afectados afirman que no se les brindó suficiente información sobre los posibles impactos negativos de la obra y que sus preocupaciones fueron ignoradas durante el proceso de planificación.
El Consorcio CTC, responsable de la ejecución de la obra, ha declarado que están trabajando en soluciones alternativas para mitigar los efectos adversos en las comunidades afectadas, hasta elaboraron un informe en el que demostraron que son los terraplenes construidos por los ganaderos dentro la propiedad privada que son los causantes de la inundación.
Ante los reclamos y manifestaciones de los lugareños, la Municipalidad local envió un pedido de revisión y fiscalización al MOPC, en tanto que el MOPC otra vez pidió un informe al Consorcio CTC sobre el estado de las obras.
El ingeniero Félix Zelaya, fiscalizador de la defensa costera por parte del MOPC, señaló que aguardan el informe del consorcio CTC para luego tomar una decisión sobre el caso, el funcionario no precisó en qué fecha recibirán el informe por parte del Consorcio CTC, pero cree que será en breve.
Mientras tanto, en Pilar, la sensación de seguridad se mezcla con la preocupación por las repercusiones sociales y ambientales de la defensa costera. Los legisladores Diosnel Aguilera (PLRA) y Ever Villalba (PLRA) luego de una reunión con los pequeños productores de la zona, han prometido investigar a fondo las denuncias de las comunidades afectadas y buscar soluciones equitativas para todos los involucrados.