El juez Penal de Garantías Especializado en Delitos Económicos Humberto Otazú fijó para el martes 23 y miércoles 24 próximos la realización de la audiencia preliminar a los procesados por lesión de confianza Ramón Jiménez Gaona, exministro de Obras Públicas, Marta Benítez Morínigo, exviceministra de Administración y Finanzas, y Guillermo Alcaraz, encargado del proyecto metrobús.
Los citados fueron acusados el 11 de abril pasado por lesión de confianza, por la fiscala María Estafanía González, y en esta diligencia el magistrado resolverá si eleva la causa a juicio o no.
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La preliminar en esta causa en principio estaba fijada para el 7 de mayo último, sin embargo fue suspendida porque la defensa alegó que había recursos pendientes de resolución, específicamente, de reposición con apelación subsidiaria impulsada contra la providencia que admitía la acusación fiscal y la recepción de pruebas. Las defensas señalaron que la fiscala González aportó sus elementos de prueba en forma extemporánea.
El Tribunal de Apelación, conformado por Digno Arnaldo Fleitas Ortiz, Arnulfo Arias Maldonado y Bibiana Teresita Benítez Faría, por su AI Nº 136, rechazó el incidente planteado por los abogados Tarek Tuma y Alcides Cáceres.
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Acusación por metrobús
La fiscalía puntualizó en su acusación presentada que durante la gestión de Ramón Jiménez Gaona al frente del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, entre los años 2008 y 2013, el Estado desembolsó dinero para la realización de obras que finalmente no cumplieron las especificaciones técnicas establecidas y tampoco sirven para la finalidad del proyecto conocido como metrobús.
La fiscala María Estefanía González resaltó en su escrito que el daño patrimonial que fue ocasionado al Estado paraguayo es la suma de G. 180.030.528.699 (aproximadamente unos 25 millones de dólares al cambio actual) por el pago de un total de 29 certificados de obras a favor de la firma Mota-Engil Ingeniería y Construcción SA, teniendo en cuenta que por dicha suma terminó recibiendo una obra inconclusa e inviable a consecuencia de las conductas de los ahora acusados.
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En relación al acusado que estaba encargado del proyecto metrobús, Guillermo Alcaraz Reisinger, la acusación del Ministerio Público resalta que su desprolijidad en la gerencia del proyecto significó una serie de irregularidades que causaron la no conclusión de las obras y el perjuicio patrimonial al Estado.
En tanto que sobre Marta Benítez Morínigo, la Fiscalía resaltó que firmó la modificación del contrato original con Mota-Engil por el cual se aumentó el convenio en G. 103.483.670.390, causando daño al patrimonio del MOPC con la fallida obra.