Los ciudadanos Oscar Patiño y Mario Ibarra, representantes de la Contraloría Ciudadana de Ñemby, recurrieron a un amparo judicial para tener acceso a los documentos de la Municipalidad, que guardan relación con préstamos realizados por la administración y que superan los G. 10 mil millones.
El ente de control ciudadano solicitó en junio pasado detalles de los sucesivos préstamos realizados por la administración del imputado intendente Tomás Olmedo, colorado cartista, en los últimos dos años y el destino que se le dio.
“Los primeros días de junio solicitamos a la administración municipal, conforme a la ley del libre acceso ciudadano a la información pública y transparencia gubernamental, detalles de los préstamos realizados, que superan los 10 mil millones de guaraníes y que se hizo con esa plata, pero gran parte se nos negó y recurrimos a un amparo judicial”, expresó Mario Ibarra.
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La Contraloría solicitó al jefe comunal detalles de manera específica en qué se han utilizado los fondos de cada préstamo, incluyendo proyectos, obras, servicios u otros destinos, pero no tuvieron respuesta, según denunciaron.
“La ciudadanía tiene el derecho de saber que se hizo con tanta plata que se adquirió a través de préstamos y de los ingresos genuinos, porque la ciudad se encuentra en estado de abandono, con sus calles destrozadas y los espacios públicos en pésimo estado”, relató Ibarra.
Juez ordena entrega de documentos
Comentó que el miércoles el juez de primera instancia en lo laboral de Limpio, Esteban Espinoza, ordenó la entrega de los referidos documentos a los representantes de la Contraloría ciudadana en un plazo de tres días.
“Ayer entregamos a la Municipalidad la resolución del juzgado con relación al amparo judicial y ahora esperamos el cumplimiento, y que entreguen los documentos, no se a que tienen miedo, si dicen que tienen todos los documentos en condiciones”, expresó Ibarra.
Despido masivo como represalia
Por otro lado, denunciaron despido masivo en la administración de Tomás Olmedo, y que sería en represalia a los ediles que votaron por el pedido de intervención y la denuncia ante la fiscalía de delitos económicos para indagar el destino de los 10 mil millones de guaraníes.
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“La administración del intendente está empezando a despedir a funcionarios a fines a los concejales que votaron por la intervención y la presentación de una denuncia penal ante el ministerio público y solo quedan aquellos que responden y defienden al jefe comunal”, denunció Ibarra.
Llamamos al intendente para escuchar su versión, pero nos indicaron que estaba en una reunión, y tampoco respondió el mensaje que le enviamos al celular. Si quiere dar su respuesta estamos atentos para escuchar.