El Día Internacional contra la Corrupción nos recuerda la importancia de erradicarla para lograr un desarrollo sostenible y justo. Requiere el compromiso de individuos, organizaciones y gobiernos para promover la integridad, la transparencia y la responsabilidad. A través de esfuerzos colectivos y un enfoque firme en la educación, es posible reducir los efectos de la corrupción y construir una sociedad más equitativa.
¿A qué se considera corrupción en Paraguay?
El abogado y luchador social Dante Leguizamón explica que se puede considerar corrupción a las acciones del gobierno que se hacen violando las normativas, favoreciendo a un sector político, familiares o incluso a un sector económico, por el cual se cobran favores o dinero.
“Corrupción es también aprovecharse de la cosa pública, hacer negocio y favorecerse con ella”, remarcó.
Lea más: EE.UU.: corrupción “desenfrenada” obstaculiza la economía de Paraguay
Hechos de corrupción en Paraguay
Agregó que en los últimos años se logró visibilizar hechos de corrupción graves e importantes pero que lo complejo es que a pesar de que en algunos casos hubo sentencia fueron mínimas.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
“Vimos casos de robo de enormes cantidades de dinero con sentencias muy bajas o hechos de corrupción donde se vieron beneficiados con salidas alternativas al sistema penal, devolviendo la plata y quedando sin antecedentes. Es la poca fuerza de la justicia a la hora de sancionar”, manifestó.
Impactos de la corrupción
- Desigualdad social: amplía brechas sociales y económicas, puesto que los recursos que deberían ser destinados al bien común terminan en manos de unos pocos.
- Obstáculo para el desarrollo: desincentiva la inversión extranjera y la cooperación internacional, afectando el crecimiento económico del país.
- Erosiona la confianza pública: disminuye la confianza de los ciudadanos en las instituciones, lo que puede llevar a un ciclo de desconfianza y apatía cívica.
- Afecta los derechos humanos: la corrupción puede impedir el acceso justo a la justicia y a servicios esenciales, como la educación y la salud, en particular para los más vulnerables.