El asesor jurídico de la Municipalidad de Asunción, abogado Benito Torres, justificó hoy la reciente venta directa de 1,7 hectáreas de la Costanera Sur de Asunción, aprobada el viernes último por la Junta Municipal de Asunción a pedido del imputado intendente Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR-cartista), a la empresa Astillero Aguapé.
Torres dijo que esta es una posibilidad autorizada por el artículo 140 de la Ley Orgánica Municipal, que establece que “cuando fuiste arrendatario por más de un año, se puede proceder a la venta directa y no solamente para esas tierras, sino para todas las tierras municipales”.
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El asesor jurídico de Nenecho recordó además la ordenanza 33/95, en la que se establecía un plazo para la regularización de las ocupaciones de terrenos municipales. “Eso se siguió postergando en el tiempo y en el espacio, y es uno de los focos de evasión existentes. Hace exactamente tres meses que nos pusimos a notificar y a tratar de regularizar, porque no es solamente en ese lugar, sino en varios”, dijo Torres.
El abogado agregó que varios amarraderos y astilleros fueron notificados desde mucho antes de que se instale ahí la costanera, afirmando que la ordenanza les obliga a realizar esta regularización. Con respecto al reclamo sobre el bajo costo por el que se vendieron estas tierras, señaló que la misma ordenanza establece la fórmula de cálculo del denominado “precio municipal”.
Abogado denunció irregularidad de procedimiento
El abogado Enrique Wagener, accionante en contra de la subasta de 6 hectáreas de tierras de la Costanera Norte, dijo que la venta directa de las 1,7 hectáreas de Costanera Sur adolece de los mismos vicios que la primera.
Para el profesional, esta venta directa podría ser declarada nula, posteriormente. “No hay valor fiscal, no hay cuenta corriente independiente del informe técnico que ellos dicen que se desprende”, expresó a ABC.
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Las 1,7 hectáreas vendidas de forma directa por la Municipalidad a la empresa Astillero Aguapé, forman parte de un lote de 56 hectáreas con la cuenta corriente catastral Nº 10-0713-1, con un valor fiscal de más de US$ 9 millones.
El concejal Pablo Callizo había denunciado, además, que la venta directa de estas tierras cuenta con la “bendición” del presidente de la República, Santiago Peña, quien participó de una ceremonia de botadura de un buque apenas un día antes de la aprobación de la operación en la Junta Municipal.