La Asesoría Jurídica de la Municipalidad de Villarrica anunció que se tomarán medidas contra la Ley N.º 7447/2025, que regula y unifica el impuesto de patentes de rodados a nivel nacional. La dependencia confirmó que presentará una acción de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia, argumentando que la normativa vulnera la autonomía municipal y el principio de descentralización.
En un comunicado publicado en redes sociales, la Municipalidad anunció oficialmente que presentará una acción de inconstitucionalidad contra la aplicación de nuevas tarifas en las patentes de rodados establecidas en la nueva ley.
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La Intendencia fundamentó esta medida alegando que la nueva normativa “transgrede principios fundamentales de la Constitución Nacional, que garantizan la igualdad tributaria y el respeto por los principios económicos y sociales justos en la creación de impuestos”.
El asesor jurídico de la comuna villarriqueña, abogado Víctor Escobar, indicó que recibió la directiva de elaborar esta acción de inconstitucionalidad como respuesta a la preocupación del intendente y de los miembros de la Junta Municipal, para resguardar los derechos patrimoniales de los contribuyentes de la ciudad de Villarrica.
“Esta es una cuestión de derecho que está establecida en la misma Constitución Nacional, donde se establece que cualquier persona puede defender sus derechos a través del artículo N° 38 de los derechos difusos. En ese sentido, vamos a presentarnos como legitimados a obrar en defensa de los derechos de los ciudadanos”, explicó el asesor.
“Atenta contra el principio de igualdad tributaria, que actúa en defensa de los tributos, los cuales deben ser bien analizados, sopesando la cuestión social para ver si los ciudadanos están en condiciones de pagar. Toda la institución cree que es un poco abusivo lo que han establecido a través de esta ley y, por ese motivo, vamos a presentar esta acción para que la Corte revea la ley y se declare su inaplicabilidad”, dijo.
Será acatada de forma provisoria
El asesor también señaló que, como la ley tiene carácter obligatorio, la Municipalidad optará por modificar provisionalmente la ordenanza tributaria, de manera que se eviten posibles sanciones impuestas por la Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial.
“La ley nos obliga a aplicar inmediatamente estos nuevos costos. Entonces, una vez que se apruebe la nueva ordenanza, que pasará por la Junta Municipal, se debería estar aplicando. No obstante, cuando hagamos la presentación ante la Corte en los próximos días, vamos a estar solicitando también la medida cautelar que suspenda los efectos de esta ley. Vamos a aguardar la respuesta de la Sala Constitucional a fin de obtener una afirmación o una negatoria”, indicó el asesor jurídico.
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