Integrantes de la Asociación de Productores Frutihortícolas San Lorenzo se manifestaron pacíficamente sobre la ruta PY13, en el Cruce San Joaquín del distrito de Yhú, departamento de Caaguazú. Con cierres intermitentes de la vía, los agricultores buscan presionar al Gobierno Central para que implemente un plan de ayuda que les permita mitigar las millonarias pérdidas sufridas en 2024 como consecuencia del contrabando y el nulo control por parte de las instituciones del Estado.
La situación del sector es crítica, según afirman los productores, quienes solicitan una respuesta inmediata del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG). En particular, buscan obtener insumos o subsidios que les permitan reactivar sus cultivos y garantizar la continuidad de su trabajo.
Lucio Aquino, presidente de la asociación, explicó que en el último año las pérdidas fueron devastadoras, afectando principalmente la producción de tomate, locote, lechuga y otras hortalizas. Denunció que el contrabando impidió la comercialización adecuada de sus productos, lo que provocó que toneladas de alimentos de calidad fueran desechadas o utilizadas como abono debido a la imposibilidad de venderlas en los mercados locales.
La asociación agrupa al menos a 75 pequeños productores, quienes dependen de la agricultura familiar para subsistir. Estas familias trabajan en pequeñas fincas y requieren insumos básicos para poder sembrar nuevamente. Aquino destacó la necesidad urgente de semillas, fertilizantes y herramientas para enfrentar la crisis que atraviesan.
En noviembre de 2024, los agricultores presentaron una nota al MAG solicitando la provisión de insumos como semillas de tomate y locote, además de materiales para cultivo protegido, como carpas para invernaderos, mallas de media sombra, postes y alambres. Sin embargo, hasta la fecha no recibieron respuesta alguna, lo que ha agravado su incertidumbre y desesperación.
Ante la falta de respuestas concretas, los productores advirtieron que continuarán con las movilizaciones hasta obtener soluciones. Esperan que el Gobierno tome medidas urgentes para evitar el colapso total del sector frutihortícola y garantizar el sustento de cientos de familias que dependen de esta actividad en Caaguazú.
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