Una fuerte polémica enfrenta al Ministerio de Salud Pública (MSPBS) con la Sociedad Paraguaya de Cardiología y Cirugía Cardiovascular, que denunció supuestas irregularidades en un convenio firmado en julio pasado, con el Instituto Cardiológico de Corrientes, Argentina.
Según los médicos, el convenio implicaría que el Gobierno paraguayo pagará altos montos al establecimiento argentino, incluso por consultas y estudios básicos que, afirman, se realizan habitualmente e incluso de forma gratuita en Paraguay.
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La cartera sanitaria, a través del viceministro Saúl Recalde, respondió a las acusaciones, no solo defendiendo el acuerdo, sino también destapando un presunto esquema de sobrecostos por amparos judiciales.
Esto respondió el Ministerio de Salud
Recalde afirmó que el convenio con el establecimiento de Corrientes se firmó exclusivamente para el procedimiento de ablación por radiofrecuencia. Sin embargo, reconoció que el contrato se extiende a otros servicios que el instituto argentino puede ofrecer en caso de necesidad.
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Sobre la inclusión de estudios que están disponibles y pueden realizarse en Paraguay, el viceministro fue tajante al negar que se vayan a derivar pacientes para otros procedimientos fuera de la ablación, calificando las afirmaciones realizadas por la Sociedad Paraguaya de Cardiología como “mentiras”.
Según el viceministro, los anexos se incluyeron por una cuestión de lógica operativa, para evitar que un paciente que viaja a Argentina por la ablación de radiofrecuencia deba retornar a Paraguay para realizarse estudios de laboratorio rutinarios o de seguimiento.
Paraguay no tiene especialistas para ablación de radiofrecuencia
Recalde indicó además, que antes de firmar el convenio, el Ministerio de Salud solicitó a la Sociedad Paraguaya de Cardiología la lista de médicos certificados y calificados para realizar el procedimiento en el país.
El viceministro dijo que la documentación lo respalda, afirmando que la propia Sociedad, respondió vía nota firmada por su presidente, que “no se cuenta con especialistas certificados para dicho procedimiento en Paraguay”.
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Recalde dijo confiar plenamente en la capacidad médica paraguaya, pero que debido a la respuesta recibida se buscó el convenio con el Instituto Cardiológico de Corrientes.
Costos millonarios y amparos judiciales
Esta mañana, el doctor Raúl Ortiz, vocero de la Sociedad Paraguaya de Cardiología afirmó en ABC Cardinal que la cirugía de ablación de radiofrecuencia se llegó a realizar en Paraguay, pero que fueron suspendidas debido a la frecuente falta de insumos.
El viceministro de Salud explicó a ABC que las cirugías de ablación sí fueron realizadas en Paraguay debido a amparos judiciales presentados, pero que estas cirugías fueron realizadas en el sector privado, con especialistas que venían del exterior. Indicó que el Ministerio de Salud, pagó por cada procedimiento realizado en el sector privado, G. 1.300 millones, a pesar de que el precio a nivel regional es de apenas US$ 4.000.
“El negocio era que nos estaban entablando amparos, teníamos 25 amparos. El precio de este procedimiento es de G. 1.300 millones acá, en el sector privado. Llegaban las facturas al Ministerio de Salud incluso con valores que no contemplaba el procedimiento, pero un juez dictaba una orden y se estaba pagando ese millonario monto,” afirmó Recalde.
El viceministro destacó además, la sospechosa desaparición de los pedidos de amparo desde que se firmó el acuerdo en julio pasado y se suspendieron los procedimientos en Paraguay. “Los que estaban negociando con los amparos lo que están enojados, esa es la realidad. Yo no quería desnudar este tema, pero ya que tienen estas intenciones, desnudemos de una vez”, expresó.
Cifras del convenio
Desde la firma del convenio con el Instituto Cardiológico de Corrientes, el Ministerio de Salud ha enviado cuatro pacientes para la radioablación, de los cuales se ha pagado por uno, afirmó el viceministro de Salud.
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“El resto (estudios, cirugías, etc) tengo acá. Para qué vamos a hacer algo así si se está potenciando el Hospital San Jorge. Le compramos ahora un angiógrafo que sale US$ 1 millón, le compramos un ecógrafo nuevo con las características que ellos pidieron por G. 4 mil millones. La inversión se hace, pero la ablación no se hace, solo se hacía cuando venía gente de otro lugar que ni tenía el registro provisorio para operar, en un sanatorio privado, y cobraban un monto sideral. Eso no es justo”, cuestionó.
Recalde afirmó que los médicos que venían a Paraguay para estas cirugías, ni siquiera tenía un registro provisorio para operar en territorio paraguayo y, que para la operación en el sector privado, incluso se traía equipos que no se disponen en el país.
“Vamos a catalogar, traer los equipos, catastrar en Dinavisa (Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria), registrar a los profesionales en Control de Establecimientos y Control de Profesionales. Hagamos todo bien, pero vamos a regular el precio a los precios regionales del mercado y no para que la gente salga millonaria de acá”, expresó.
¿Cuánto pagó el Ministerio de Salud por radioablación?
Consultado sobre cuántas veces el Ministerio de Salud pagó los G. 1.300 millones por la cirugía de ablación de radiofrecuencia, Recalde indicó que de los 25 amparos presentados, se realizaron 24 procedimientos, y Salud Pública ya pagó por 8 cirugías.
El viceministro deslizó la posibilidad de que el caso se convierta en una investigación fiscal, señalando que se pagó por procedimientos realizados por médicos del exterior sin registro provisorio y utilizando equipos que incluso carecerían de registro en Dinavisa.
“Se pagó por procedimientos que ni siquiera eran ellos (médicos paraguayos) los que hacían, porque venían de afuera, de Argentina, a realizar este procedimiento, no teniendo siquiera un registro provisorio para operar acá. Hasta los equipos vienen de afuera, algunos accesorios que ni siquiera están registrados acá en Dinavisa. Va a acabar siendo un caso de fiscalía y se les va a acusar a muchísimos cardiólogos”, expresó Recalde.
Todas las cirugías de ablación por radiofrecuencia que se realizaron en Paraguay fueron hechas en el Sanatorio Español. Este establecimiento privado pertenece a Cardioteq SA, representada por Mirtha Elizabeth Rodríguez.
Haciendo un cálculo simple, los 24 procedimientos realizados en el sector privado costaron G. 31.200 millones, de los cuales el Ministerio de Salud ya desembolsó G. 10.400 millones.