Según Codehupy, a lo largo de las últimas décadas, el Estado desarrolló iniciativas vinculadas a la Reforma Agraria, pero “estas han beneficiado de manera desigual a la población y no han logrado revertir la histórica concentración de la tierra”.
Asimismo, sostienen que hasta ahora no se resuelven casos emblemáticos como el de las denominadas tierras malhabidas, cuya recuperación y regularización “siguen siendo una deuda institucional”.
“En nuestro país el 90% de la superficie total está en manos de alrededor de 12.000 grandes propietarios, mientras que el 10% restante se distribuye entre unos 280.000 pequeños productores. Este fenómeno se caracteriza por una profunda desigualdad, con una élite latifundista y una importante presencia de propietarios extranjeros”, agregan.
En lo que refiere al caso de Lucipar aseguran que “representa una oportunidad clave para que el Estado pueda dar pasos concretos hacia una política agraria más justa”, ya que las tierras se encuentran actualmente bajo administración de la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (Senabico) y fueron solicitadas por comunidades campesinas sin tierra con el fin de destinarlas a la producción de alimentos y al desarrollo sostenible en el territorio.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
Lea más: Campesinos autodenominados sin tierras prestos para ingresar a la estancia Lucipar
Codehupy y las políticas públicas
En lo que refiere al Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), sostienen que su limitada capacidad y la reducción de recursos destinados a la compra de tierras “han debilitado de manera significativa las herramientas públicas para avanzar en la Reforma Agraria”.
También apuntan que “la gestión del conflicto agrario no debe basarse en respuestas punitivas o criminalizadoras” sino en políticas integrales.
Finalmente, Codehupy insta al Estado a implementar políticas públicas integrales que incluyan estos puntos:
- Acceso a la tierra y procesos de adjudicación transparentes.
- Programas de asistencia técnica y acompañamiento institucional.
- Contratos equitativos para la comercialización de la producción.
- Seguros agrarios y mecanismos de protección ante riesgos climáticos.
- Fortalecimiento del Indert y de la institucionalidad agraria.