El viceministro de Transporte, Emiliano Fernández, explicó que la recientemente sancionada Ley de Reforma del Transporte Público constituye el marco jurídico que permitirá destrabar cambios estructurales postergados por más de dos décadas. La normativa, actualmente en análisis por el Poder Ejecutivo, habilita al Estado a volver a licitar los itinerarios del área metropolitana, hoy atados a contratos con renovaciones automáticas que impiden reorganizar el sistema.
“Con esta ley vamos a licitar de nuevo los itinerarios y ordenar el sistema de manera más dinámica, con corredores troncales y alimentadores acordes a las necesidades de los usuarios”, afirmó Fernández.
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Separación entre la provisión de flota y la operación
Uno de los elementos más relevantes, según el viceministro, es la separación entre la provisión de buses y la operación del servicio. Este esquema, ya aplicado en varios países de la región, permitirá que proveedores de flota compitan en licitaciones específicas y reciban un pago mensual tipo alquiler, mientras que los operadores se concentrarán en la gestión del servicio.
“Esto promueve la inversión privada porque reduce los riesgos para quienes financian los buses. Necesitamos flota nueva para la gente, no vehículos de diez años que se incendian o quedan varados”, señaló.
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Transparencia financiera y participación ciudadana
La ley también incorpora mejoras tecnológicas y mecanismos de participación ciudadana en decisiones sensibles como la tarifa, sostuvo el funcionario. Además, establece que la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD) administrará los recursos del sistema, lo que otorgará mayor trazabilidad y transparencia en el uso de subsidios y pagos.
Fernández indicó que esta modificación favorecerá la bancabilidad del sector, permitiendo acceso a financiamiento para la renovación total de la flota.
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Nuevas reglas de juego para las licitaciones
“Las reglas del juego cambiaron”, aseguró el viceministro. Las futuras licitaciones incluirán nuevas variables de desempeño, exigencias de calidad y condiciones más estrictas para participar. “El que quiera operar deberá adecuarse al nuevo sistema, con buses nuevos y estándares claros”, sostuvo.
El diseño de la reforma se basó en consultas con expertos de Uruguay, Colombia, Chile, Brasil y organismos internacionales. Según Fernández, el objetivo es replicar prácticas que ya demostraron resultados positivos en otras ciudades.