En medio de un conflicto por el ingreso gratuito al Salto Cristal, una comitiva encabezada por el fiscal Aníbal Gómez, con acompañamiento de agentes de la Comisaría 22ª Colonia César Barrientos de Ybycuí, constató el martes pasado la presencia de una trampa de cacería en un sendero que permite el acceso libre al sitio turístico, en la compañía Isla Alta.
De acuerdo con el acta policial, la comitiva fiscal-policial verificó, en un sendero que conduce a la parte alta de la caída del arroyo Salto Cristal, la existencia de “un hilo tipo nailon que atravesaba el sendero a la altura de la cintura y, a unos 20 metros, un dispositivo de metal de cacería tipo casa bobo (Mbokañuha)”.
El mecanismo fue activado durante la intervención y posteriormente levantado por el Ministerio Público para su análisis en el marco de la investigación.
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Denuncia de los pobladores
Pobladores de la zona denunciaron que la trampa habría sido instalada por Roberto Bravo, quien explota un emprendimiento turístico que ofrece el acceso al Salto Cristal desde la ciudad de Borja.
Según la denuncia, el presunto móvil sería impedir el ingreso gratuito al atractivo natural, ya que este afectaría el negocio que opera Bravo por el acceso desde Borja, el cual —afirman— se explota de manera irregular.
El acta policial consigna que Roberto Bravo se apersonó en el lugar durante el procedimiento realizado por la comitiva fiscal-policial.
Señalamientos y vínculo político
El médico Raúl Ramírez, uno de los denunciantes, sindicó a Bravo como supuesto prestanombre del gobernador del Guairá, César “Cesarito” Sosa (ANR-HC).
El doctor ya había acusado a Bravo de haberlo amenazado de muerte al intentar bañarse en el Salto Cristal, en abril del año.
Pobladores de Ybycuí sostienen, además, que Bravo habría intentado privatizar el Salto Cristal para su explotación comercial, incluso mediante el alambrado del área.
Según los denunciantes, Bravo está imputado por la presunta producción de documentos de contenido falso relacionados con el control y la utilización del acceso al Salto Cristal. Además, fue amonestado por el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades) por infracciones a la Ley N° 294/93 sobre evaluación de impacto ambiental.