Esta semana, la Corte Suprema de Justicia revocó una medida cautelar otorgada por el Tribunal de Cuentas que autorizaba la explotación de un pozo artesiano en la localidad de Atyrá, departamento de Cordillera, para la extracción de agua potable para alimentar un barrio cerrado en construcción en la ciudad de San Bernardino.
La Municipalidad de Atyrá, administrada por el intendente Juan Ramón Martínez (ANR, Partido Colorado) apeló la medida cautelar otorgada a la empresa Petrohue S.A., que lleva adelante un emprendimiento denominado Highlands Lagoon Lifestyle, para el cual se excavó un pozo profundo en Atyra y se construyó un acueducto de nueve kilómetros de longitud para suministrar agua al barrio cerrado en construcción.
Inicialmente, la Municipalidad de Atyrá -que argumenta que la obra de extracción de agua vulnera el Acuífero Caacupé- emitió resoluciones inhabilitando el pozo, medidas que quedaron sin efecto con la medida cautelar otorgada por el Tribunal de Cuentas que ahora fue revocada.
“Presión política”
En comunicación con ABC Cardinal este miércoles, Gabriel Chase, representante legal del emprendimiento Highlands, afirmó que la resolución municipal que inhabilitó inicialmente la explotación del pozo en Atyrá “fue emitida bajo presión política de lugareños” y dijo que la medida municipal fue irregular al no tener motivación válida o “proporcionalidad con lo que se está invirtiendo”, y violar el “principio de confianza que deben tener los privados”.
“Es un capricho, está basado en un odio y una cuestión de tomar protagonismo”, dijo e hizo referencia a “personas políticas que para ganar protagonismo hacen una especie de defensa del agua que es totalmente mentira”.
Agregó que “estudios de recursos hídricos” -sobre los que no entró en más detalles– demuestran que el pozo en Atyrá “no afecta a ningún acuífero en Caacupé” y añadió que el agua extraída de Atyrá tiene como único fin el consumo humano y no el llenado de piscinas o un lago artificial en el barrio cerrado.
Y manifestó que existen 48 pozos clandestinos en Atyrá, mientras que el de Highland está “en regla” y cuenta con un permiso del Ente Regulador de Servicios Sanitarios (Erssan).
Chase estimó en “más de 100 millones de dólares” la inversión para el complejo Highland que, según insistió, está parado por motivos políticos.
Mientras tanto, vecinos de Atyrá celebraron la decisión de la Corte Suprema de revocar la medida cautelar otorgada al emprendimiento inmobiliario y ahora exigen que el Erssan revoque cualquier autorización de uso del pozo y que el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible emita un dictamen sobre los riesgos ecológicos que la obra implicaría para el Acuífero Guaraní.