La crisis en el sistema de salud pública de Paraguay atraviesa desde hace semanas, uno de sus momentos más tensos y complejos. Lo que comenzó como una medida de protesta por parte de profesionales médicos altamente especializados, se transformó en un cruce de posturas, documentos polémicos, negociaciones bilaterales cuestionadas y el anuncio una nueva huelga que afectará a los servicios públicos de salud los próximos 21 y 22 de setiembre.
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Lejos de resolverse mediante el diálogo, el conflicto entre el Ministerio de Salud Pública (MSPBS) y los profesionales médicos ha escalado debido a nuevas tensiones.
Desde el pasado 31 de agosto, un total de 446 cartas de renuncia fueron presentadas en la Mesa de Entrada de la cartera sanitaria, aunque la institución consideró inválidos 42 expedientes porque se trataba de documentos con firmas fotoescaneadas.
Antes de los diez días hábiles establecidos en la Ley de la Carrera Civil y la Función Pública para emitir una respuesta, el Ministerio de Salud informó este jueves que la totalidad de las renuncias fueron rechazadas bajo el argumento formal de proteger la continuidad de la atención.
Salud Pública no recibió nuevas cartas de renuncia, afirman
Esta tarde, la Secretaría General de Salud Pública informó que no recibieron ni analizan nuevas dimisiones, a pesar de que neonatólogos del Hospital General de Coronel Oviedo y anestesiólogos del Hospital Regional de Villarrica, presentaron renuncia a sus cargos esta semana, en las respectivas direcciones de estos hospitales, según informaron los corresponsales de ABC Color.
Estos expedientes, sin embargo, aún no llegaron a Mesa de Entrada del Ministerio de Salud, en su sede central, por lo que aún no son tenidas en cuenta por la Secretaría General de la cartera de Estado. Juan Marcelo Estigarribia, jefe de Gabinete, explicó a ABC Color recientemente, que recién cuando las cartas de renuncia presentadas de forma individual, ingresan por Mesa de Entrada en la sede central, en Asunción, estas dimisiones son consideradas en proceso.
Salud Pública rechazó renuncias “en resguardo del interés público”
Ayer, la ministra de Salud, la doctora María Teresa Barán, firmó una resolución, alegando la obligación constitucional de garantizar los servicios esenciales y el Artículo 56 de la Ley Nº 7.445/25, que permite evaluar las renuncias en resguardo del interés público.
Las áreas que habían sido afectadas por las dimisiones son críticas: Anestesiología, Cirugía Pediátrica, Neonatología y Terapia Intensiva Pediátrica. Sin embargo, para los médicos renunciantes resulta sumamente cuestionable que el Gobierno apele a la “escasez de recursos humanos” para obligarlos a permanecer en sus puestos, cuando son es la propia desidia estatal -bajos salarios y pésimas condiciones laborales- la que ahuyentan a los especialistas del sector público.
Para justificar su postura inflexible, la administración de Barán enumeró una serie de supuestos logros implementados desde el 2023, como la regulación de jornadas, incrementos salariales para residentes, mejoras para pasantes y miles de nombramientos.
No obstante, para el gremio médico estas cifras son apenas un maquillaje y no reflejan la dura realidad cotidiana de los hospitales públicos: falta de insumos básicos y medicamentos, infraestructura colapsada y una sobrecarga laboral constante que destruye la salud mental y física del personal de blanco.
El polémico acuerdo bilateral: divisionismo y descontento
El malestar de los médicos se tornó insostenible tras la firma de un polémico acuerdo bilateral con el Ministerio de Salud, impulsado por las senadoras Lilian Samaniego (ANR)y Noelia Cabrera (PLRA). Este supuesto entendimiento, pactado directamente con un sector minoritario de profesionales de la salud, fue recibido por la gran mayoría de la comunidad médica con indignación y una profunda sensación de engaño.
Lejos de pacificar el ambiente, la maniobra de las legisladoras y de María Teresa Barán fue duramente criticada por negociar a espaldas de los sindicatos oficiales, intentando fracturar la unidad del gremio y aplicando la vieja receta política de “dividir para ganar”.
Desde el Sindicato Nacional de Médicos (Sinamed) y diversas asociaciones médicas y científicas, se resaltó que esta intervención política demostró una total desconexión con las verdaderas demandas del sector, generando un rechazo total hacia los acuerdos que no resuelven el fondo del problema.
Sinamed se planta: la huelga del 21 y 22 de septiembre sigue firme
Como respuesta a este escenario de imposiciones, el Sinamed ratificó con firmeza su postura. El gremio dejó claro que no aceptará presiones gubernamentales ni soluciones maquilladas que solo buscan ganar tiempo.
Esta tarde, tras una reunión con representantes del Ministerio de Trabajo, el gremio confirmó que se alista con fuerza para llevar adelante una nueva huelga nacional los días 21 y 22 de septiembre. Los médicos exigen respeto a su dignidad profesional y advierten que las medidas de fuerza se cumplirán con rigor si el Ejecutivo persiste con decretos autoritarios.