El juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de la ciudad de Capitán Bado, Cristhian Ariel Sánchez Zaracho, está imputado por la presunta comisión del hecho punible de lavado de activos en su modalidad de frustración del comiso, en grado de tentativa, por intentar subastar e inscribir a nombre de un grupo empresarial la estancia “La Nelly”, comisada del narcotraficante Luiz Carlos Da Rocha, alias Cabeza Branca.
La causa penal, en el marco de la cual imputaron al magistrado los fiscales Christian Benítez y Verónica Valdez, se tramita ante el Juzgado Penal de Garantías Especializado en Delitos Económicos, del segundo turno, a cargo de Rodrigo Enmanuel Estigarribia Benítez.
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La referida causa se inició luego de la denuncia presentada por la fiscala Lorena Ledesma ante la Fiscalía General del Estado (FGE), el 25 de abril de 2024. En la misma refirió que el 29 de setiembre de 2022 se elevó a juicio oral y público la causa caratulada como “Luiz Da Rocha y otros sobre Lavado de Activos y otros”, y mediante el AI N° 222 se declararon varios bienes como sujeto a comiso, entre ellos “Estancia Nelly” del distrito de Azotey.

Luego de que Ledesma detallara que los bienes estaban bajo administración de la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (Senabico), inscriptos con medidas cautelares y pese a ello el juez Sánchez tramitó la subasta, se remitió la denuncia por Nota DGF N° 1.888 el 23 de junio de 2025 a la Dirección de Denuncias Penales, iniciando la pesquisa el 23 de junio de 2025.
Cabeza Branca obtuvo millonarias ganancias con el narcotráfico
La estancia “La Nelly”, según los antecedentes, formaba parte del patrimonio de Luiz Carlos Da Rocha, alias Cabeza Branca, quien era líder de una estructura criminal dedicada al narcotráfico, mediante la adquisición y uso de diversos medios de transporte, desde Bolivia, Colombia, Perú, Venezuela, Paraguay y Brasil.
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El 1 de julio de 2017 fue realizada la operación Spectrum y Luiz Carlos Da Rocha cayó preso en el Brasil. El mismo, entre 2014 y 2017, habría obtenido como ganancia, según la Policía Federal del Estado de Paraná y la Procuraduría del Estado de Paraná, US$ 138.233.839,00 por el envío total de 27 toneladas de cocaína.

Se presume que parte de las ganancias fueron utilizadas por el presunto testaferro de Cabeza Branca, Luis Carlos Aguilera Cardozo, para constituir las sociedades Biocombustible Brasilero SA (Biobras S.A.) y Corporativa Ñacunday SA, el 3 de marzo de 2009 y 4 de febrero de 2011, respectivamente, con capital de G. 50.000.000 cada uno.
Después, estas sociedades fueron traspasadas a personas que también forman parte del grupo dedicado al blanqueo de activos que eran obtenidos mediante actividades ilícitas anteriormente mencionadas, en favor de Da Rocha.
Estancia de Cabeza Branca pasó a manos del Estado
El 29 de septiembre de 2022, se realizó la audiencia preliminar y por AI N° 222 se elevó la causa a juicio oral y se declararon varios bienes como sujetos a comiso, entre estos, la estancia La Nelly, conformada por la Finca 262, Padrón 57 y Finca 262, Padrón 56, ambos situados en el distrito de Azotey, departamento de Concepción.
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Dicho establecimiento fue entregado en agosto de 2020 a la Senabico para su administración. Luego, el 9 de agosto de 2021, Ronald Augusto Paranderi Román, en representación de la firma Grupo Paraná SA, inició acción preparatoria de juicio ejecutivo contra Biocombustible Brasilero SA, esta última ya administrada por Senabico entonces.

En ese contexto, el 21 de diciembre de 2021, los abogados Gonzalo García de Zuñiga y Santiago Arza, en representación de Biocombustible Brasilero SA, administrada por Senabico, presentaron incidente de nulidad de actuaciones en dicho juicio, que fue tramitado ante el juzgado de primera instancia en lo Civil, Comercial, Laboral, de la Niñez y la Adolescencia del 1° Turno de Cptán. Bado, a cargo de Cristhian Sánchez.
Juez imputado remató e intentó inscribir estancia comisada de Cabeza Branca
A pesar de que la fiscala Lorena Ledesma había informado al juzgado de Sánchez que la firma y el inmueble estaban bajo administración de Senabico, el 11 de octubre de 2023 el juez Cristhian Sánchez, dictó providencia por la cual ordenó la venta en pública en subasta del bien y libró oficios a la Dirección General de los Registros Públicos para obtener Informes de Condición de Dominio actualizados de los inmuebles.
Aquello ya se habría realizado pese a que el 2 de agosto de 2023, la Senabico ya había informado que los inmuebles tenían medidas cautelares de prohibición de innovar. Además, esto fue lo mismo que informó Registros Públicos, en fechas 16 de octubre de 2023, 17 de octubre de 2023 y 3 de noviembre de 2023.
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Haciendo caso omiso a lo informado, el 8 de noviembre de 2023, se subastaron y vendieron ambos inmuebles a Ronald Parenderi, en representación de Grupo Paraná SA; la Finca 262, Padrón N° 56 por G. 1.500.000.000 y la Finca 262 Padrón N° 57 por G. 500.000.000.
El 17 de abril de 2024, el juez Sánchez inició el juicio “Grupo Paraná SA c/ Biocombustible Brasilero SA y otros s/ Inscripción Preventiva”, promovido por Francisco Ramón Ramírez Benítez en representación del Grupo Paraná SA, solicitando la anotación preventiva.
Es más, en esa misma fecha, el magistrado Cristhian Sánchez, libró el Oficio N° 189 a la Dirección General de los Registros Públicos, mediante el cual informó para su toma de razón e inscripción preventiva de los inmuebles subastados a favor del Grupo Paraná SA.
