En la tarde de este sábado, el microcentro de Asunción fue escenario del tercer Paro Nacional Trans, una jornada de protesta y visibilización organizada bajo la consigna “Nuestros derechos no se negocian”.
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La convocatoria, que concentró a manifestantes en la Plaza de la Democracia a partir de las 17:00, reunió a mujeres y hombres trans de distintos puntos del país para denunciar la persistente exclusión social, la falta de oportunidades laborales en el mercado formal y los constantes obstáculo burocráticos que enfrentan en su vida cotidiana por no contar con documentos de identidad acordes a su expresión de género.
Las voceras de la marcha remarcaron que el Estado paraguayo mantiene una deuda histórica en materia de derechos humanos y protección social, lo que empuja a muchas personas trans al exilio o al trabajo informal para poder subsistir.
Precarización laboral y barreras en la educación pública
Durante el acto principal, los voceros expusieron las duras estadísticas que afectan a la población trans en el Paraguay. Kimberly Ayala, vocera de la movilización, señaló que la discriminación sistemática en el mercado de trabajo formal limita las alternativas de ingresos, afectando principalmente a las mujeres trans. Esta exclusión laboral, sumada a la vulnerabilidad social y a la falta de respuestas institucionales, incide de manera directa en la expectativa de vida del sector.
El abandono escolar temprano fue otro de los puntos centrales del reclamo. Pese a que el artículo 25 de la Constitución Nacional garantiza el libre expresión de la personalidad, los reglamentos internos de las instituciones educativas siguen sin respetar la identidad de los estudiantes trans, provocando una elevada tasa de deserción en la secundaria. La comunidad exigió al Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) adaptar sus contenidos a criterios científicos e incluyentes para evitar la expulsión del sistema educativo y permitir la formación profesional de los jóvenes.
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Piden el respeto del nombre social
A pesar de existir la Resolución N° 695 del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, que obliga al personal médico y administrativo de hospitales y Unidades de Salud de la Familia (USF) a utilizar el nombre social de los pacientes trans, los manifestantes denunciaron que la normativa es ignorada de forma sistemática por falta de socialización. A esto se suman los retrasos judiciales en los trámites de cambio de nombre amparados en el artículo 42 del Código Civil, los cuales terminan acumulándose en la Corte Suprema de Justicia ante las sucesivas negativas de los juzgados de primera instancia.
Por su parte, Julián Velázquez, manifestante y referente de los hombres trans, visibilizó la doble discriminación que sufren en el ámbito social y laboral.
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Explicó que la falta de reconocimiento legal dificulta gestiones básicas, desde la contratación de un plan telefónico hasta la postulación a un puesto de trabajo o los trámites de ingreso y salida del país en los controles migratorios. Los organizadores estiman que en Paraguay residen alrededor de 5.000 personas trans, aunque remarcaron la urgencia de que el Instituto Nacional de Estadística (INE) incluya indicadores específicos en los censos oficiales para diseñar políticas públicas efectivas.