Tras la resolución a favor del veto parcial del autoblindaje desde la Comisión de Asuntos Constitucionales de Diputados, este punto debe ser tratado mañana en la sesión ordinaria de la Cámara Baja, que analizará si es conveniente rechazarlo o aceptarlo.
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El veto parcial del presidente Horacio Cartes solo suprime el artículo 3° del proyecto, referente a que se requiera de una sentencia judicial para que los legisladores pierdan la investidura, de manera a que el Ministerio Público pueda procesarlos.
Sin embargo, se mantiene la condición de que sea una mayoría calificada de dos tercios, que significaría 53 de los 80 votos en Diputados y 30 de los 45 votos en Senadores, haciendo mucho más complicada la posibilidad de sacarlos del Congreso.
Este proyecto ha despertado la indignación de la ciudadanía, además de gremios de abogados y fiscales, puesto que no solo complica más la posibilidad de procesar a los legisladores corruptos, sino que atenta contra la Constitución Nacional.
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En ese sentido, la Carta Magna establece que “salvo en los casos en que esta Constitución establece mayorías calificadas, las decisiones se tomarán por simple mayoría”. Esto representaría la mitad de los presentes más uno.