En visita a la redacción de ABC, Gamarra desmintió que su empresa, Betoga, se haya creado a apenas dos semanas del llamado a licitación para la provisión de fumigadores el año pasado, tal como denunció ante la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) la firma Eco Rural, que también pujaba por la adjudicación.
La denuncia motivó que la DNCP resolviera suspender la compra de los equipos por supuestas irregularidades.
El empresario exhibió un certificado de la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET), en el que se detalla el pago de sus obligaciones tributarias por la firma, de carácter unipersonal, que data del 10 de noviembre de 2006.
Betoga ganó la licitación realizada el año pasado por el Servicio Nacional de Erradicación del Paludismo (Senepa), ofertando 26 fumigadores de la marca Curtis Dyna-Fog (americana) por un valor total de G. 2.288 millones. Cada equipo le costó al Estado alrededor de G.88 millones.
En tanto, Eco Rural quedó fuera porque su oferta fue de G. 3.302 millones, siendo el precio unitario de las máquinas (London Fogger, también americana) de 127 millones. Una tercera empresa, Provindus, había presentado una oferta de 85 millones por cada fumigador, pero fue descalificada por irregularidades, según dijo este lunes el director del Senepa, Silvio Ortega.
Gamarra señaló que es la primera vez que se presenta a una licitación para convertirse en proveedor del Estado y que esto molestó al dueño de Eco Rural, Mario Mareco, quien “desde hace años es el único proveedor del Senepa”.
El empresario dijo que entregó 13 fumigadores a la institución y que ni siquiera cobró la mitad, tal como establece el contrato. “Terminaron debiéndome cerca de 34 millones de guaraníes y quedaron en finiquitarme eso cuando les entregue la otra tanda de las máquinas”, dijo.
Por ahora, la provisión de los otros 13 equipos está en suspenso, puesto que Contrataciones Públicas suspendió la licitación el pasado 15 de febrero, haciendo lugar al reclamo de Eco Rural. Si bien Senepa pidió la reconsideración de esta resolución, afirmando que no hubo irregularidad en el proceso, la DNCP rechazó el recurso.