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Según informó la ministra de la Secretaría Nacional Anticorrupción, Soledad Quiñónez, la primera meta que buscan es el fortalecimiento de la Secretaría a través de la creación de la ley que reglamente dicha dependencia de la Presidencia de la República.
El proceso inició a través de la conclusión de uno de los cuatro talleres direccionados a las Unidades Anticorrupción de cada ministerio.
“El objetivo es tomar todas las carencias, inquietudes y carencias que todas las Unidades (anticorrupción) están teniendo para luego construir un marco normativo, donde insertar a la Senac y a las unidades de transparencia y anticorrupción en cuanto a sus competencias y atribuciones”, informó la ministra en conversación con ABC Color.
El siguiente paso sería captar todos los insumos necesarios para la reestructuración atendiendo a la especificidad de cada ente, para la estructuración de un marco que sirva a todos de cara a prevención y a la transparencia.
Actualmente Paraguay se ciñe a dos acuerdos internacionales ratificados con fuerza de ley. Uno de ellos es la Convención Interamericana de Lucha contra la Corrupción, “dentro de esa plataforma normativa hemos tenido un examen sobre todo lo que es lucha contra el corrupción en la legislación y los procesos de extradición”, informó la ministra.
Según dijo, el resultado de un examen técnico hecho por representantes de las Naciones Unidas de Colombia y Filipinas a nuestro país se tendrá aproximadamente para julio.
“Preliminarmente se tiene que es positivo”, precisó Quiñónez.
Días atrás un informe de Estados Unidos revelaba que los esfuerzos del Paraguay para proporcionar seguridad interna y fronteriza se vieron obstaculizados por la corrupción generalizada en los organismos de seguridad, en el control de fronteras y en las instituciones judiciales.
En este sentido, Soledad Quiñónez informó que a nivel local para la próxima semana prevén el lanzamiento de un informe sobre denuncias hechas al Ministerio Público: “Es un relevamiento general de las denuncias porque debemos crear estadísticas luego el seguimiento junto con Asesoría Jurídica de la Presidencia”.
En el informe se tendrá en cuenta todo lo referente a hechos punibles que denunciaron las instituciones del Poder Ejecutivo.