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Una comitiva policial-fiscal detuvo cerca del mediodía de hoy a un facilitador judicial que supuestamente actuaba en nombre de los ministros de la Corte Miguel Óscar Bajac y Raúl Torres Kirmser. De acuerdo con la denuncia presentada al Ministerio Público, el detenido, de nombre Rafael Luis María Doldán, era intermediario del magistrado y pedía la suma de US$ 50.000 para que revierta su postura en un litigio entre una empresa y la Industria Nacional del Cemento (INC).
El fiscal de la causa, Luis Piñánez, comentó que hoy se hizo la entrega vigilada del dinero por parte de los denunciantes y así se detuvo al funcionario judicial, en la plaza ubicada frente al Palacio de Justicia.
En su defensa, el detenido argumentó que el dinero se destinaría a un grupo de abogados que lo iba a asesorar en la causa, que sigue en litigio y que ya llegó hasta la máxima instancia judicial. Admitió que conoce al ministro Bajac, pero negó que el dinero sea para él.
Nery Páez, el denunciante, comentó que esto tiene que ver con un pleito de su empresa, Cal Agro SA contra la INC, que data del 2009. Explicó que la empresa había ganado la licitación pública internacional para explotar la cantera del INC, sin embargo tras reparar las maquinarias, ya no les dejaron trabajar en la trituración. El juicio es por un perjuicio de 40 millones de dólares.
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“El modus operandi de ellos es Torres Kirmser te saca la sentencia en contra, me piden mi celular, fotografían la sentencia y me muestran. ‘mira que así esta la situación”, que luego aprovechan para pedir dinero.
Detalló que Gustavo Franco, el funcionario, le exigió U$D 25 mil dólares para el ministro Miguel Oscar Ramón Bajac Albertini y otros U$D 25 mil para Raúl Torres Kirmser, quienes integran la cámara que estudia su caso. “Es una ablande para que salga la sentencia a mi favor”.
Expuso que Franco es secretario privado de Bajac y que pudo caer gracias al montaje que prepar+o la Fiscalía tras la denuncia. “Él me pidió 25 mil y le dije que le iba a completar esta tarde en la casa del ministro (Bajac)”. Además, una vez cobrado todo el dinero a la INC, debía pagar nuevamente a ambos ministros la suma de 5.400 millones de guaraníes.