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Al respecto, Esteban Irala, secretario general de la OLT explicó que hace algunos minutos abrieron una mesa de diálogo entre el presidente del Indert, Justo Cárdenas, y el ministro del Interior, Lorenzo Darío Lezcano, en la secretaría de Estado, para analizar el problema de tierras y la situación judicial de 12 de sus miembros imputados.
Dijo que pedirán a las autoridades del Indert la agilización del proceso de regularización del asentamiento de 4.499 hectáreas ocupadas, hace cinco años, por 330 familias, en la localidad de Yvyraro Vana, Corpus Cristi, Departamento de Canindejú.
En cuanto a la conversación con el ministro del Interior sobre la cuestión judicial de los 12 miembros, explicó que estos campesinos fueron imputados “de forma arbitraria, sin ninguna prueba de su participación en invasiones y en un homicidio ocurrido lejos del asentamiento”.
Añadió que, inclusive, estas personas actualmente tienen orden de captura, lo cual preocupa a la organización, que cree que sería nada más que una excusa para actuar en su contra y no dar solución a un problema de larga data.