Campesinos de Horqueta son desalojados de un campo comunal

La orden fue emitida por el juez de primera instancia del séptimo turno de la capital, Hugo Becker. El desalojo estuvo a cargo del oficial de Justicia de Concepción Alfredo Pacían Galeano, que acudió al lugar en compañía de agentes policiales de la comisaría 3ª de Horqueta, encabezados por el suboficial Fermín López.

El oficial de Justicia dijo que solamente cumple con la orden del juez y aclaró a los pobladores que el desalojo no es su decisión. No brindó detalles de por qué los labriegos fueron sacados del campo comunal. Sí señaló que la orden es producto de la toma de posesión del campo por el Sindicato Nacional de Quiebras, relacionada con el quebrado Banco Nacional de Trabajadores.

Por su parte, el presidente de la Asociación de Usuarios del Campo Comunal, Gaspar Areco, que ocupaba una casa construida en el campo, dijo que no se justifica el desalojo debido a que, a través de una resolución, el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) les entregó las tierras en el año 2000. Explicó que para el efecto las autoridades del Indert tuvieron en cuenta la ley aprobada por el Congreso Nacional, que declaró como campo comunal el terreno de 957 hectáreas.

Areco manifestó que en el campo las familias de Cerrito Totora crían más de cuatrocientas cabezas de ganado vacuno, e indicó que no tienen adonde llevar los animales si son sacados del lugar. Afirmó que el desalojo es una de las últimas maniobras del gobierno de Horacio Cartes para apropiarse de las tierras y entregarlas a los grandes ricos.

Sin embargo, afirmó que próximamente retornarán masivamente al lugar para no perderlo, porque los documentos que recibieron de parte del Indert y del Congreso Nacional garantizan que el campo comunal es de los pobladores de Cerrito Totora.

Por su parte, el intendente municipal de esta ciudad, Jorge Urbieta (ANR), que acudió al lugar, dijo que lamentaba la decisión de las autoridades judiciales, que calificó de “inesperada”, porque solamente crea problemas para las humildes familias del lugar. Señaló que en compañía del asesor judicial de la Municipalidad, Édgar Bobadilla, y los dirigentes del campo comunal, decidirán qué medidas tomar para que las familias no pierdan esas tierras.

Por su parte, en su carácter de asesora jurídica de los usuarios del campo comunal, Sisinia Silva, que también es concejala municipal de Concepción (PLRA), calificó de antijurídica la resolución. En ese sentido, dijo que la resolución no puede dejar sin efecto la ley de expropiación que aprobó el Congreso Nacional.

Por otra parte, señaló que la orden judicial fue realizada sin notificación sobre la demanda a los pobladores que utilizaban las tierras como campo comunal e indicó que precautelarán sus derechos a través de argumentos legales.