CIDH pide a los estados adoptar medidas contra impunidad

En el día Internacional para Poner Fin a la Impunidad de los Crímenes contra Periodistas, la CIDH pide a los gobiernos de la región que se adopten las medidas que fueren necesarias para erradicar las violaciones al derecho a la libertad de expresión.

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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a través de La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, considera, al igual que la Corte IDH, considera a la impunidad como un motivo propicio para la repetición crónica de violaciones de derechos humanos y la total indefensión de las víctimas y sus familiares.

En total han sido reportados por la Relatoría Especial 13 asesinatos de periodistas y trabajadores de medios de comunicación este 2014. Considera además que estos crímenes tienen un “efecto amedrentador” tanto para los miembros de la prensa como para los ciudadanos en general que pretenden denunciar abusos de poder o actos ilícitos de cualquier naturaleza.

La Relatoría considera necesario en la conmemoración de este Día Internacional para Poner Fin a la Impunidad de los Crímenes contra Periodistas, recordar a los gobiernos de la región la importancia de adoptar medias que garanticen “un real y efectivo derecho a la libertad de expresión”

Por lo expuesto, se recomienda:

Adoptar mecanismos de prevención adecuados para evitar la violencia contra los comunicadores;

Realizar investigaciones diligentes, imparciales y efectivas sobre los asesinatos, agresiones, amenazas y actos de intimidación cometidos contra periodistas y trabajadores de los medios de comunicación;

Juzgar por tribunales imparciales e independientes a todos los responsables de los asesinatos, agresiones, amenazas y actos de intimidación por causa del ejercicio de la libertad de expresión;

Adoptar medidas específicas, adecuadas y efectivas para prevenir los ataques y otras formas de violencia perpetrados contra mujeres periodistas y para enjuiciar y castigar a sus responsables; y

Adoptar las medidas necesarias para garantizar la seguridad de quienes se encuentran sometidos a un riesgo especial por el ejercicio de su derecho a la libertad de expresión, ya sea que las amenazas provengan de agentes del Estado o de particulares

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