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En esta causa, tres funcionarias bancarias ya admitieron su culpabilidad y plantearon una salida procesal, mientras siguen siendo investigadas otras 34 personas, entre las que se encuentran los sindicados como cabecillas del esquema, Felipe Ramón Duarte, Nélida Reyes y Tai Wu Tung, prófugo este último.
El juicio oral se lleva adelante en el salón auditorio del Palacio de Justicia y es contra Sady Elizabeth Carísimo Báez (28) Alcides Ramón González Bazán (36) y Juan Gabriel Rolón Servián (26). Ellos están acusados de asociación criminal, producción de documentos no auténticos, declaración falsa y lavado de dinero.
El Ministerio Público está representado por los fiscales Juliana Giménez, Carlos Giménez y Marcelo García de Zúñiga. El Tribunal Colegiado está presidido por Norma Girala e integrado por Carmen Barrios y Mirta Aguayo.
El juicio comenzó sin mayores incidentes y prestó declaración Sady Elizabeth Carísimo. La fiscala Giménez dijo que la procesada dio detalles de la manera en que estaba esquematizada la organización y dijo que Felipe Ramón Duarte manejaba él mismo todas las empresas supuestamente existentes que, confirmó, eran de maletín, o sea, existía sólo en los papeles. Igualmente señaló que las cuentas irregulares en los bancos también estaban manejadas por Duarte.
“Las declaraciones de Carísimo confirman íntegramente las investigaciones realizadas por el Ministerio Público”, comentó la fiscala Giménez. El proceso se llamó a cuarto intermedio y continúa este miércoles, a las 15:00.
Los tres procesados en este juicio eran empleados de la firma Manager Consultoría, de los contadores y principales acusados, Felipe Ramón Duarte y su esposa, Nilsa Stella Romero de Duarte. A partir de Manager, se dirigían las empresas de maletín, Strong S.A., M.H. Electrónica S.A., Braex S.A., Manhattan S.A., Muñe S.A.m American S.R.L,. y Nifaplus Paraguay S.A.
Duarte, Torres y Tai Wu Tung son sindicados por la Fiscalía como los cabecillas de la organización criminal y quienes controlaban de hecho todas las operaciones de las empresas fantasmas. En total, a partir del esquema se montaron, se remesaron ilegalmente más de 600 millones de dólares al extranjero, a través de diversas cuentas corrientes habilitadas de manera irregular en bancos de plaza. El oriental era gerente de la casa de cambios Forex y se encuentra prófugo.
La investigación se inició el 22 de diciembre del 2011, con la denuncia presentada por Nélida Reyes. En la causa hay 40 personas procesadas. Como responsables del funcionamiento de las empresas de maletín están procesados Felipe Ramón Duarte, su esposa Nilsa Romero de Duarte, Tai Wu Tung, Sady Elizabeth Caríssimo, Cristhian David Larrosa, Alcides Ramón González Bazán, Óscar Vicente Céspedes Fernández, Liz Rosana Barboza, Víctor Andrés Lara Barboza, Blasida Myrian Álvarez Gallardo, Ángel Ignacio Núñez, Durga Prassad Bhanwarl al Pareek y Juan Gabriel Rolón Servián.
También están imputados: Valdir Tenutti, Zulma Catalina Duarte Villalba, Ilo Antonio Oliveira, Nancy Rossana Giménez Alvarenga, Edgar Feliciano Candia González, Amado Ramón Cardozo Vega, Cristóbal Darío Mendoza, María Graciela Villalba Pereira y Alberto Enrique Da Silva Bartels.
Además, hay 18 imputados por la conducta negligente de los funcionarios de las entidades bancarias. Ellos son, por el Sudameris Bank, Monserrat Pavetti González, Rubén Zachar Peralta, Juan Luis Garay Espínola, Mario Narváez Ramírez, Andrea Rodríguez Massi, Arnaldo Largo González; por el banco BBVA, Félix Vera Ramírez, Natalia Gill Estigarribia, Pedro Rivas Rodríguez, Carlile Torres Cáceres, José Mario Britos Esquivel; por el banco Regional, Cristina Mendoza Ocampos, Nélida Zárate González, Érica Werner, Carmen Pino Penayo; y por el banco Continental, Lauro López Chaparro, Rodrigo Martín Riveros y Raúl Reyes Rivas.
Cristina Mendoza Ocampos, Nélida Mabel Zárate y Erica Bettina Werner Schmidt asumieron la responsabilidad penal y plantearon una salida procesal menos gravosa, o sea, una suspensión condicional del procedimiento.
Ellas se comprometieron a donar tres ambulancias con equipo de terapia intensiva al Hospital Regional de Ciudad del Este, por valor de 200 mil dólares, a lo que el Ministerio Público se acogió.