ABC Color accedió a varias planillas correspondientes al diario de transacciones de Petropar vinculadas a la camioneta Isuzu DMAX modelo 2018 con matrícula HDA 354, propiedad de la Contraloría General de la República, y según los registros la camioneta en cuestión fue puesta al servicio de la máxima autoridad, el contralor Enrique García.
En los documentos mencionados, se realiza un seguimiento sobre la carga de gasoil tipo 1, desde el mes de abril hasta julio de 2018, con datos puntuales sobre la fecha, la hora de la carga, la cantidad de combustible despachado, como también los kilómetros recorridos y el conductor que estaba cargo del vehículo al momento en que se dispensó el carburante.
El dato que llamó la atención de la Dirección de Finanzas de la Contraloría General tiene relación con la cantidad de kilómetros recorridos que consta en las planillas oficiales de Petropar, especialmente por las diferencias encontradas de consumo entre las especificaciones técnicas del vehículo y la cantidad que figura en cada una de las operaciones de carga por cada 100 kilómetros.
La ficha técnica de la camioneta habla de un promedio de consumo de entre 8 a 9 litros por cada 100 kilómetros, sin embargo, en las planillas se observa un significativo aumento de estos valores, en el orden de los 18 litros y hasta los 42 litros por cada 100 kilómetros. Este último dato correspondiente a la fecha 12 de abril de 2018.
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Solo en una ocasión los valores coincidieron con las especificaciones técnicas, es decir, se registró un consumo de 8 litros por 100 kilómetros el 5 de abril de 2018, cuando la camioneta estaba 0 km, prácticamente una semana después de la primera carga. El consumo trepó llamativamente a los 42 litros de gasoil.
A partir de estos datos, la instancia financiera de la Contraloría solicitó informe al chofer del vehículo, identificado como agente de Policía Claudio Solís Mora, a fin de aclarar las causas de las diferencias encontradas en los documentos oficiales.
Versiones extraoficiales apuntan a un presunto intento de blanqueo sobre un posible desvío de combustibles hacia vehículos particulares ajenos a la Contraloría General de la República.