El Consejo remitió a la Dirección General de Auditoría de Gestión Judicial los antecedentes sobre presuntas irregularidades cometidas por la abogada García de Zúñiga, Jueza Penal de Garantías, en el ejercicio de sus funciones.
Posteriomente la Dirección General de Auditoría de Gestión Judicial remite una conclusión sobre la causa auditada al Consejo de Superintendencia donde se deciden qué sanciones se dan. Es dentro de la causa donde la magistrada había liberado a los dos “motochorros” quienes según el Ministerio Público fueron los que asesinaron al estudiante de Enfermería David Bonifacio Martínez Martínez (19).
Uno de los menores confesó ante la fiscala Francisca Gómez haber apuñalado a David Bonifacio para robarle su celular y también contó que vendió el teléfono por G. 100.000. Según el argumento de la jueza, la condición de que son menores de edad hace que la ley sea más favorable con ellos y en consecuencia otorgó la libertad a los dos “motochorros”.
Por otro lado, el abogado de la familia del estudiante de enfermería, Roberto Bernal Ramírez, presentó una denuncia ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados contra la jueza por prevaricato y mal desempeño de funciones.
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