Millonaria demanda al Estado

Una millonaria demanda por poco más de US$ 70 millones es la que afronta el Estado paraguayo de parte de una empresa y un ciudadano que exige la restitución de daños causados supuestamente por el Paraguay en el puerto franco de Rosario, Argentina.

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El caso derivó en un juicio civil y penal en donde la empresa Cereales Asunción SRL y el ciudadano Ronal Alberto Bozitkovic demandaron al Estado paraguayo por Daños y Perjuicios por una supuesta retención indebida de documentación y bienes por valor de 705.067.807 pesos argentinos, unos US$ 72.000.000. 

Esta demanda es por un caso ocurrido hace más de 20 años, cuando entre el año 1989 y 1990, Paraguay rescindió unilateralmente la concesión del puerto franco que nuestro país tenía en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe.

De acuerdo a la representante legal de los demandantes, Fabiana Perticaro, este es otro juicio que impulsan sus defendidos a través de los años.

El juicio penal fue iniciado contra el titular de Puertos de Paraguay, Alfredo Duarte y el ministro de Obras Públicas, Ramón Jiménez Gaona por los supuestos delitos de Defraudación por Retención Indebida.

ABC Color contactó este martes con la Administración Nacional de Navegación y Puertos, cuyos encargados de comunicación se comprometieron a verificar el caso, ya que se trata de uno internacional.

La abogada Perticaro explicó a ABC Color que este juicio se basa exclusivamente en la exigencia de la restitución de unas 14 mil toneladas de soja que habían sido supuestamente retenidas de manera ilegal por el Estado paraguayo hace 23 años.

El puerto franco de Paraguay en Santa Fe fue una de las obras que la dictadura argentina, que encabezaba Jorge Videla, cedió a Stroessner en el año 1978. El sitio luego fue abandonado.

Once años después, en 1989, la ANNP supuestamente concedió el puerto franco para uso de la empresa Cereales Asunción SRL, que supuestamente invirtió mucho dinero para poner de nuevo en marcha el restablecimiento del sitio.

En 1990, Paraguay supuestamente incautó todos los bienes del sitio y rescindió de manera unilateral el contrato con la empresa.

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