Según el funcionario, esta suma se acerca incluso a la deuda externa del país. Explicó que mucho se debe a que abogados se aprovechaban del 'arco libre' que ofrecía la institución en épocas pasadas, lo que se está tratando de revertir; no obstante, aclaró que el monto mencionado irá descendiendo conforme el Estado vaya ganando los juicios correspondientes.
“Efectivamente hace un tiempo atrás lo más fácil era ganarle al Estado, pero a la fecha ya llevamos ahorrando US$ 300 millones, dinero que puede ser utilizado para construir diez 'rutas de la mentira'. Esa es nuestra tarea: hacer un buen trabajo para que el Estado no tenga que pagar inncesariamente”, expresó Moreno a ABC TV.
Moreno reconoció que el Estado perdió varias demandas por una defensa pobre, aunque también dijo que en muchas ocasiones el Poder Judicial no se ha comportado a la altura; citó como ejemplo el caso de construcción de viviendas en Santa Rosa del Aguaray, “donde se desembolsó G. 2.000 millones y al momento de la inauguración no había ni un ladrillo. Hacemos la demanda pero el juez no nos otorgó el embargo preventivo”, señaló.
Al ser abordado sobre el mal uso de recurso del Fonacide, el procurador sostuvo que por más que su propósito sea bien intencionado, carece de un sistema de tutela que controle el buen uso del dinero. “Se creó el sistema pero no la tutela. No se puede gastar la plata del Fonacide y que no se haga nada y que tampoco haya una institución encargada de demandar si algo se hizo mal”, lamentó.
Aclaró que la Procuraduría no interviene debido a que los administración de recursos está a cargo de municipio y gobernaciones; no obstante, confía en que a mediano plazo será tenida en cuenta, “pero para ello debemos ganarnos el respeto”, acotó.
En otro momento se refirió a la situación de las tierras del Indert. El abogado adelantó que ejecutarán un trabajo conjunto de verificación de colonias a través del Sistema Integrado de Información de Recursos de la Tierra, que contendrá información georreferencial y en base a esos datos iniciar los trámites de recuperación a favor del Indert en caso de que hayan sido mal adjudicadas o, en su defecto, que los ocupantes paguen al Indert para que el ente compre otras tierras.
Según estimaciones del procurador, existen al menos un millón de hectáreas otorgadas de manera irregular que se desea recuperar. Moreno participó este viernes del Primer Congreso de Abogados del Estado, con participación de profesionales de los tres poderes.