Presuntamente estaban realizando labores en unas 1.886 hectáreas de la finca 27, originariamente perteneciente al fallecido Herminio Fernández Ibarra y localizadas dentro del inmueble de los nativos.
El fiscal Benjamín Maricevich decidió liberarlos, pero admitió que seguirá liga a la investigación armas y vehículos incautados durante el procedimiento.
Agentes policiales a cargo del comisario principal Ricardo Caballero, jefe de Orden y Seguridad de Canindeyú, procedieron a la aprehensión de siete personas que realizaba desde hace casi una semana, apertura de senderos dentro de propiedad de 4.600 hectáreas conocida como finca 470, perteneciente a nativos de la etnia aché.
El inmueble fue transferido en el año 2010 por decreto del Poder Ejecutivo a los nativos aché que se atribuye dominio ancestral de las tierras en conflicto. Sin embargo, el grupo encabezado por Bernardino Soto González (61), se presentó como apoderado del abogado Wilson Alberto Benítez Maciel, quien se atribuye el dominio de unas 1.886 hectáreas, localizadas dentro de la finca 27, originariamente perteneciente al fallecido Herminio propiedad de los nativos. La finca 27 estaría dentro de la propiedad ocupada por los nativos.
La comitiva policial arribó al lugar ante la denuncia de líderes aché que reaccionaron ante la presencia de personas con intenciones de realizar labores de deslinde y amojonamiento dentro de la propiedad, sin consentimiento de los nativos.
DECOMISOS
El representante del presunto dueño estuvo acompañados por guardias de la empresa de Seguridad Pro Guard SA, identificados como Carlos Mallorquín y Pedro Rodríguez, todos vecinos de Ciudad del Este.
Entre los demorados figuran, además, William Víctor Hehner Villalba (38), Cayo Ramón Rodas Escubilla (59), Silvio José Solís Lugo (28), y Daniel Ramón González (22), todos jornaleros.
Del poder de los personales de seguridad, se incautó una escopeta calibre 12, un revólver calibre 38, una motosierra, marca Husqvuarna y un automóvil marca Toyota Corola, placa AXX 612, color gris, utilizada como patrullera de la empresa de seguridad.
SIN DOCUMENTOS LEGALES
Según el fiscal interviniente, Benjamín Maricevich, los demorados no opusieron resistencia al momento del procedimiento, pero las armas y vehículos incautados seguirán retenidas. “La empresa de seguridad no está registrada para trabajar, tampoco las armas y el vehículo deberá ser reclamado por la empresa propietaria”.