Una tumba ya tiene nombre

Los restos de Rafaella Filipazzi, activista italoargentina desaparecida durante los años de la dictadura militar en Argentina, por fin pudieron descansar en una tumba con nombre, luego de cuatro décadas. Sus restos habían sido hallados en Paraguay.

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Cuatro largas décadas tuvieron que pasar antes de que los familiares de Rafaella Filipazzi pudieran darle a sus restos sepultura y despedirse de ella. El sábado, durante una sencilla y emotiva ceremonia, sus restos fueron inhumados en el Memorial del Desaparecido Correntino del cementerio San Juan Bautista de Corrientes, Argentina.

En el lugar descansan también otras víctimas de las dictaduras militares que azotaron el Cono Sur en la segunda mitad del siglo pasado, relata el portal nortecorrientes.com. 

“Quiero agradecer a Dios porque se apiadó de mi corazón. Yo sé que son 40 años, pero los que tienen hijos, familiares y amigos desaparecidos 40 años no son nada, para mí es como si fuese ayer. Bajé muchas veces los brazos, pero siempre encontré alguien que me escuchó”, comentó Beatriz García, la hija de Rafaella, muy emocionada, y acompañada por su esposo y sus cinco hijos.

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“Mi mamá cuando se fue me dijo que iba a volver para estar conmigo. Haberla encontrado, para mí es increíble”, señaló, y agregó: “Todos ustedes están viendo en mí no a mi mamá, sino a la esperanza”.

Rafaela fue la primera víctima del Plan Cóndor y las dictaduras militares sudamericanas hallada en Paraguay y cuyos restos pudieron ser identificados. Su identificación fue anunciada en agosto del año pasado. 

Rafaela Fillipazzi residía en Buenos Aires y desde joven comenzó a militar en el socialismo, tenía dos hijos y trabajaba en una farmacia ubicada en la esquina de las calles Uruguay y Arenales, del barrio Norte de la capital del vecino país.

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Precisamente, su militancia socialista se convertiría en el peor de sus pecados en una época en la que las dictaduras militares de ultraderecha gozaban de buena salud en esta parte del continente. Como tantos otros, comenzó a ser perseguida por el simple hecho de pensar diferente o ser opositora al gobierno de Rafael Videla.

Esta persecución la obligó a viajar a Uruguay, Brasil y Paraguay, huyendo de los opresores militares. Finalmente, en 1977 decidió regresar a Montevideo.

Rafaela y su esposo, llamado José Agustín Potenza, un militante peronista que trabajaba como funcionario de la Biblioteca del Congreso argentino, se encontraban hospedados en el hotel “Hermitage” de la capital uruguaya cuando en junio de 1977, una comitiva de la Policía paraguaya los secuestró.

Para capturar a los militantes argentinos, la policía de nuestro país contó con el apoyo de sus pares uruguayos en el marco del “Plan Cóndor”, una operación conjunta de coordinación de acciones y mutuo apoyo principalmente entre las cúpulas de los regímenes dictatoriales de Chile, Argentina, Paraguay, Brasil y Uruguay.

La coordinación implicaba el seguimiento, detención, interrogatorios con tortura, traslados entre países y desaparición o muerte de personas consideradas en aquellos días como subversivas del orden instaurado o contrarias al pensamiento político o ideológico impuesto en aquellos días.

De acuerdo al “Archivo del Terror”, hallado en Paraguay en 1992, al menos 50.000 personas fueron asesinadas en el marco del Plan Cóndor, 30.000 fueron desaparecidas y al menos 400.000 encarceladas.

Rafaela y José Agustín fueron trasladados hasta el departamento de Investigaciones de la Policía paraguaya. A ella la terminarían llevando al penal del “Buen Pastor”, el reclusorio de mujeres de Asunción; y a él lo trasladaron al penal de Emboscada, uno de los sitios habitualmente utilizados por la dictadura de Alfredo Stroessner para el destino de presos políticos y torturados.

Desde noviembre de 1977, Rafaela no volvió a escribir y la desesperación de familiares y amigos fue en aumento. Con la caída de la dictadura en Argentina y ya en 1984, su madre, Ida Zorzini, presentaría la denuncia de su desaparición, una lucha que seguiría luego la hija de la militante, Ida Beatriz García, quien tenía apenas 12 años cuando desapareció Rafaela.

En 2007, Lidia Franco, una víctima sobreviviente de la dictadura stronista en Paraguay, relató que había visto por última vez a Rafaela y José Agustín en el departamento de Investigaciones de la Policía. Los habían trasladado ahí debido a la visita de una comitiva de la Cruz Roja.

Los restos de Rafaela fueron hallados durante una excavación realizada en marzo de 2013 en el predio de lo que hoy es la Agrupación Especializada de la Policía, denominada en los años de la dictadura “Guardia de Seguridad”. Como tantos otros, sus restos fueron enterrados en una fosa común, sin nombres ni nada que permitiera su identificación.

Finalmente, tras un largo proceso encabezado en Paraguay por Rogelio Goiburú, uno de los hijos del Dr. Agustín Goiburú, militante político del gobernante Partido Colorado y desaparecido también en el marco del Plan Cóndor, los restos fueron enviados a Argentina.

En el vecino país, los restos óseos fueron examinados por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) que consiguió identificar finalmente a Rafaela, casi 40 años después del día en el que fue secuestrada en Uruguay. “Nos trae un poco de paz”, dijo su hija en la carta que envió para la ocasión.

Rafaela Fillipazzi y Miguel Ángel Soler, militante del Partido Comunista Paraguayo, pasaron en agosto a la historia al ser los primeros desaparecidos cuyos restos óseos fueron encontrados en territorio nacional e identificados.

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