El estudio en particular de los artículos se postergó para dentro de 15 días por pedido del legislador Eber Ovelar (ANR-Caaguazú), debido a que existen dos iniciativas más del mismo tenor que fueron impulsados por los diputados Óscar Tuma (ANR-Capital), Olga Ferreira (Independiente-Capital) y Dionisio Amarilla (PLRA-Central).
La premisa de estos documentos legislativos es modificar la distribución de multas en la Subsecretaría de Estado y Tributación (SET). La ley vigente establece la modalidad de “premiar” al servidor público con un estipendio proporcional al monto de la multa aplicada al contribuyente por la comisión de faltas administrativas, suma que oscila entre el 100 y 300% según el caso.
La modificación pretendida excluye al funcionario como denunciante y por ende su participación en la repartija de lo obtenido de las multas. Al mismo tiempo, incorpora al denunciante particular con un derecho al cobro del 30%.
El documento busca volver al estado originado en la Ley 125/91 y eliminar así la concesión de comisiones por multas a los funcionarios de la SET que hayan intervenido en los procesos en carácter de denunciantes.
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Para Ovelar “los funcionarios de la SET tienen como función primaria y natural llevar adelante la tarea de control de los procedimientos y no participar como denunciantes”, según manifestó.
“Resulta un verdadero despropósito tener que premiar a estos funcionarios por el simple cumplimiento de la función por lo que ya se les paga del presupuesto público”, reza una parte de la exposición de motivos.
El estudio en particular de los artículos de esta iniciativa será estudiado en 15 días más.
Solo la viceministra Marta González se elmbolsó en el último año la suma nada despreciable de G. 240.571.400 en extras por las multas cobradas a contribuyentes por las diversas intervenciones autorizadas por ella misma. Esta repartición beneficia en mayor proporción a los jefes.
