El jurado resolvió en la fecha remover de sus funciones al fiscal Brusquetti, con el argumento de que el agente del ministerio Público llegó a negociar “con el imputado en una investigación fiscal a su cargo, la forma en que iba a terminar la etapa investigativa, con lo cual se violó el principio de objetividad que debe imperar en la actuación del Ministerio Público”.
Así mismo, el jurado consideró determinó que el fiscal “recibió una suma de dinero, a cambio de una salida favorable al imputado en un determinado proceso, con lo cual se desconoció la obligación de la objetividad, mediante conductas reprobables”, informó el periodista Osvaldo Cáceres.
Por otra parte, los magistrados Rodolfo Martínez, Sixto Melgarejo, Miguel Onieva Agüero, integrantes de la 2º Sala del Tribunal de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Laboral de la Circunscripción Judicial de Alto Paraná, fueron suspendidos y se inició proceso de enjuiciamiento por “mal desempeño de sus funciones”, por: “no se habría notificado a una de las partes, la conformación de un Tribunal, violentando el derecho de la defensa en juicio, de ser juzgado por un Tribunal competente; y, b) se habría intentado pronunciar respecto a una excepción de inconstitucionalidad, cuando que dicha facultad es exclusiva de la Sala Constitucional de la Corte”, según refiere el documento.
Así mismo, el juez Carlos Goiburú, quien había resuelto el desalojo de indígenas de tierras en Curuguaty, pero que un día después revocó esta medida, fue suspendido por “A) Habría dispuesto ciertas diligencias sin que se hayan puesto a conocimiento de la parte demandada, causando estado de indefensión; B)no recabó un dictamen fundado sobre el derecho consuetudinario de los indígenas, quienes eran la parte demandada, exigencia que surge de la Ley Nº 904/81; C) a sabiendas que los demandados eran parte de un pueblo indígena, dispuso el desalojo de los mismos del lugar donde se encontraban habitando, sin que exista el expreso consentimiento de los mismos, mandato que indica el artículo 64 de la Constitución de la República; y, D) resolvió hacer lugar a un incidente de nulidad, cuando el mismo carecía de jurisdicción para pronunciarse sobre ello, puesto que ya había dictado la sentencia definitiva”.
El jurado también determinó la suspensión de la jueza Graciela Panza de lo laboral de Ciudad del Este, aunque el documento no especifica los motivos de la sanción.
El JEM también dispuso en su sesión ordinaria enjuiciar pero no suspender a los jueces Teresita Ricardi, César Níder Centurión y Adolfo Genes además del fiscal Manuel Rojas Rodríguez, todos ellos son de la jurisdicción de Alto Paraná y tomaron intervención en casos relacionados a tráfico de drogas, en los cuales, según el Jurado, habrían incurrido en mal desempeño de sus funciones.
El jurado, a diferencia del caso de María Adelaida de Vázquez, que también fue enjuiciada y a la vez suspendida por su desempeño en un caso de tráfico de drogas, no reunió los votos necesarios para cesar temporalmente a los cuatro magistrados citados anteriormente, por lo que solo quedaron en situación de enjuiciados.
Por otra parte el JEM también enjuicio al Juez Daniel Colmán de Alto Paran, quien tomo intervención en un litigio relacionado a la Entidad Binacional Yacyretâ.
DECISIÓN UNÁNIME
El diputado Jorge Mariño Ávalos, titular del JEM, indicó que se tomó conocimiento de los hechos tras las publicaciones periodísticas, y luego de eso solicitaron todos los antecedentes y abrieron una investigación contra los ahora sancionados.
“En estos casos hubo criterio de la unanimidad de los miembros del jurado, hecho suficiente para que ameritaran el enjuiciamiento correspondiente”, expuso Mariño Ávalos a radio Ñandutí.