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El fiscal general realizó estas declaraciones luego de ingresar junto a la Mesa Directiva de la Cámara Baja, adonde fue convocado junto al ministro del Interior, Francisco de Vargas, y el titular de la Senad, Luis Rojas, para referirse a las denuncias que realizaron varios legisladores sobre fonopinchazos.
Díaz Verón enfatizó que un particular no puede tener en su poder equipos para intervenir comunicaciones telefónicas, por su alto costo, y dijo que hasta el momento no cuentan con ninguna denuncia formal sobre hechos de este tipo y valoró esta herramienta como forma de combatir la delincuencia en el país
El fiscal general se mostró preocupado ante la posibilidad de una mala utilización de las escuchas telefónicas, que puedan terminar desvirtuando la política de tolerancia cero en la lucha contra el narcotráfico y su penetración es esferas políticas, "El Ministerio Público no toma como medida de presión la denuncia de legisladores por fonopinchazos", recalcó
El titular del Ministerio Público anunció la creación de un equipo de trabajo que tendrá a su cargo indagar las evidencias recolectadas por la Secretaría Nacional Antidrogas y el Ministerio del Interior, especialmente para determinar si las escuchas fueron autorizadas en el plano judicial. En ese sentido, añadió que toda intervención telefónica necesita el visto bueno de un magistrado para que tengan validez al momento de avanzar en la investigación de un hecho determinado, más aún en la lucha contra el crimen organizado, en que se obtuvieron resultados positivos mediante las escuchas.
“El Ministerio Público tiene una posición inalterable que no va a utilizar ninguna intervención telefónica que se haya hecho sin la autorización legal; aquellas personas o instituciones que pudieran haberlas realizado sin la autorización están advertidas de que constituye un hecho punible y por lo tanto pueden ser procesadas”, sostuvo.
Varios diputados manifestaron su preocupación ante la posible intervención de sus llamadas telefónicas. La inquietud se produce luego de revelarse un cruce de llamadas mediante el cual se identificó a posibles narcopolíticos. La Fiscalía y la Senad aclararon en numerosas ocasiones que se tuvo acceso a los diálogos de los políticos con narcos, gracias a la intervención de las líneas de los traficantes en el marco de las investigaciones.