El fatal suceso se produjo el 8 de marzo en Caacupemí, Areguá, y resultó víctima José Osvaldo Riveros, de 50 años, en tanto que la mujer presuntamente responsable fue identificada como Claudia Graciela Duarte, de 24.
Los familiares y amigos cuestionaron al fiscal José Morínigo, quien ordenó la libertad de la mujer poco después del hecho. En tanto, los abogados querellantes piden además que el agente fiscal sea apartado de la causa.
A tres meses del hecho aún no hubo una imputación, a pesar que la pericia accidentológica refiere que se realizó un adelantamiento indebido y hubo omisión de auxilio.
Los manifestantes presumen que la mujer tendría algún vínculo con el intendente de Areguá, Osvaldo Leiva, y que estaría presionando para dilatar la causa en el Ministerio Público, informó Arnaldo Espínola, periodista de ABC Color.
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En comunicación con ABC Color, el fiscal Morínigo dijo que estuvo fuera de la causa al menos por dos meses por ser recusado el pasado 11 de abril por abogados de la víctima del accidente.
“Me recusaron a mi porque estaba cediendo supuestamente a presiones políticas. Al recusarle a un agente fiscal, este no puede realizar ninguna diligencia en la causa”, explicó Morínigo.
Contó que la justicia no dio lugar a la recusación en su contra y fue reasignado en la causa, por lo cual iniciará ahora con las diligencias necesarias para tomar una decisión sobre el caso.
En otro momento, negó que exista una pericia en el caso, como afirmaron los manifestantes. “Lo que hubo es un informe accidentológico, lo cual no reviste la formalidad de una pericia”, precisó.
Añadió finalmente que está abierto a escuchar a ambas partes, incluso a los medios de prensa.