Unas 10 personas, de las cuales cinco eran funcionarios de la Senavitat, y otros cinco eran propietarios de cooperativas y constructoras, fueron imputados por la fiscal Yolanda Portillo por un caso de estafa y vaciamiento de fondos que debían ser destinados a la construcción de 321 viviendas para familias humildes del país.
El hecho de corrupción consistía en que los funcionarios cómplices autorizaron a persona que no tenía las condiciones de infraestructura ni de solvencia para poder realizar el proyecto de construcción de viviendas. Posteriormente, se retiraban los cheques y se depositaban en la cuenta de las personas a cargo de las cooperativas, que también eran cómplices, y finalmente se vaciaban.
El perjuicio al Estado paraguayo, según señaló la ministra de la Senavitat, Soledad Núñez, está estimado en unos G. 12.000 millones.
Los imputados por el Ministerio Público son Camilo Aníbal Recalde Dávalos, autor del hecho de lesión y confianza. Según la investigación de la Fiscalía, este era el supuesto encargado de construir las viviendas y gerenciar todo el proyecto.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
Otros de los imputados son Hugo César Acevedo, Carlos Antonio Valenzuela, Oscar Luciano Barreto, Carol Patricia Turrini Ayala, quienes eran personas de las cooperativas y de las constructoras, que son las que ayudaron apoderándose de todo el dinero y no destinándolo a la construcción de las casas.
Por otra parte, están los funcionarios involucrados, que son los que desembolsaron ese dinero. Ellos son Rodolfo Lovera, Mario Antonio Pairet, José Hugo Núñez Alvarenga, quien en ese momento era ministro interino, Rufino González Flores y Rocío Beatriz González Aranda, todos funcionarios de la casa administrativa de la Senavitat.
La fiscal afirmó que están individualizas las cooperativas y constructoras involucradas. Estas son Ziza, encargada de las casas prefabricadas, y Ara, quien se encargaría de las viviendas tradicionales.
Por otro lado, Carol Turrini y Carlos Valenzuela eran los representantes de las Cooperativas Mi Casita y Ñapu' ã ha g̃ua, las dos cooperativas involucradas, en donde se depositaba el dinero y finalmente proveían los supuesto préstamos a los beneficiarios, que a su vez tenían que aportar el 5 % para la construcción de esas casas.
Otra irregularidad detectada por la Fiscalía es que el tiempo en que se crearon estas cooperativas y constructoras no es tan antiguo, además, el patrimonio de estas empresas no refleja el que debería ser, por lo cual para la investigadora existen indicios serios de que estas empresas solamente funcionaron para “fachada”, para este operativo de estafa.
La agente fiscal solicitó medidas cautelares y caución. Lamentablemente, no pudo pedir ninguna medida contra las cuentas, porque en el momento en que se hizo la denuncia ya las cuentas estaban completamente vacías.
Por su parte, la ministra Soledad Núñez, señaló que este se trata de un caso muy emblemático para la institución, y que derivó en la destitución de tres funcionarios a finales de 2014, tras sumario administrativo. Además, aclaró que, como medida de sanción, estos funcionarios fueron inhabilitados para ocupar cargos públicos.
La ministra celebró los avances en el marco de esta causa., y aseguró que seguirá aportando todos los insumos para esclarecer la investigación.
Las 321 viviendas debían haberse culminado en el año 2012. Soledad Núñez lamentó que se haya puesto en juego la esperanza de la gente.
Núñez informó también que existe un proyecto de ley que tuvo media sanción en Diputados y ahora se encuentra en Senadores. El mismo tiene por objetivo que se vuelva a otorgar un subsidio habitacional a estas 321 familias perjudicadas.